Pese a las múltiples sentencias judiciales que obligan a la Generalidad a aplicar el bilingüismo en las escuelas de Cataluña, la consejera de Enseñanza sigue manteniendo que no cumplirá los mandatos obligatorios del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Irene Rigau lo tiene claro: si no hay un reglamento, pueden incumplirse las sentencias
“Hemos de poder defender
nuestro modelo de escuela catalana, en lengua y contenidos, tal y como hemos venido haciendo siempre”. Así ha reaccionado la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), a la pregunta sobre las palabras del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP), que hace unos días
recordó que el Gobierno mantendrá “una estricta vigilancia” para que la Generalidad cumpla las sentencias de los tribunales que obligan a aplicar el bilingüismo en las escuelas.
Rigau no tiene intención de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional (TC) en materia lingüística. Ha recordado su posición en
una entrevistapara Catalunya Ràdio, este lunes, en la que ha asegurado que “no hay ninguna norma de Estado, ahora mismo, y
esperemos que no la haya, que reconozca este derecho [de elección de lengua vehicular] en el nivel de derecho a la educación”. Y ha señalado que “los derechos para poderlos vigilar han de estar reglamentados”.
Sin embargo,
el TC siempre ha subrayado que el español también ha de ser lengua vehicular en las escuelas de Cataluña, lo que invalida la inmersión lingüística obligatoria. En concreto, la sentencia 337/1994 especifica que ’es legitimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello
no determine la exclusión del castellano como lengua docente‘.
La sentencia 6/1982 del propio TC destaca que no solo es exigible el aprendizaje del castellano ‘como materia curricular sino su empleo como lengua docente’. Y en la sentencia 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía, se indica, en su fundamento jurídico número 14, que ‘el catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña’. Insistiendo en que ‘desde ahora hemos de dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza’.
Wert no articuló “cómo” iba a vigilar el cumplimiento de la legalidad
Pese a las sentencias, que determinan que en las escuelas de Cataluña los padres no pueden escoger la lengua vehicular de la enseñanza para sus hijos y que, igualmente,
la Generalidad no puede excluir una de las dos lenguas oficiales de Cataluña, es decir, que
la Consejería de Enseñanza ha de aplicar el bilingüismo (español y catalán) de forma equitativa y proporcionada,
Rigau ha asegurado que: “Nosotros tenemos una Ley de Educación [de Cataluña], avalada por el Parlamento [autonómico], que no coincide con algunos de los puntos que expuso [el ministro]“.
En este sentido, la dirigente de CiU -que podría llegar a ser inhabilitada para cargo público si se niega a aplicar las sentencias del Tribunal Supremo- ha advertido a Wert que “el mapa del Estado español es un mapa, en políticas educativas, que se ha ido creando en funcion de los estatutos de autonomía” y hay que ver “qué nivel competencial quiere ejercer [el ministro]“.
Así, la consejera de Enseñanza ha recordado que la propuesta de Wert no concretaba “cómo” iba a articular esta vigilancia para el cumplimiento de la legalidad y que, desde su punto de vista, “lo que interesa es que [el niño, en la escuela] aprenda el catalán oral para que luego aprenda el catalán escrito”.
Finalmente, Rigau ha vuelto a defender que en las escuelas no se aplique el bilingüismo:
“Esta fue una respuesta [de Wert] que dio a UPyD, que ya se ve que hará el papel de Ciudadanos aquí, en el Parlamento [autonómico] de Cataluña, y nosotros le hemos de responder que la
Ley de Educación [de Cataluña] ya dice que cuando un padre pide que su niño sea acogido en la lengua familiar, esto se le garantiza con una estrategia respetuosa con la petición en la primera enseñanza y cuando a los seis años domina perfectamente catalán y castellano, entonces,
la enseñanza es en la lengua vehicular [catalana]“.
Por otro lado, en relación a otra de las propuestas del nuevo Gobierno, que afectará a la asignatura de Educación por la Ciudadanía y que incluirá el estudio de la Constitución, la dirigente nacionalista, preguntada por Manel Fuentes por si “tendremos algún problema ahora con esto de la educación constitucional”, ha señalado que: “Si hacemos educación constitucional
también la haremos estatutaria, evidentemente, ningún problema. [...] El problema que tenemos es que hemos de enseñar una Constitución que… tendremos que explicar que se puede interpretar de diferentes maneras y que, tal y como se ha interpretado nuestro Estatuto, ahora, pues
esta Constitución ha recortado la voluntad mayoritaria de los catalanes. [...] También hemos de explicar esto. [...] Si lo explicamos bien, no hay problema [para que el Ministerio no deje hacerlo]“.
La Voz de Barcelona
