miércoles, 29 de febrero de 2012

El nacionalismo catalán y Albert Branchadell



Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB, en un artículo publicado este jueves en El País
‘El nombre de August Rafanell saltó a la palestra en 1990, cuando firmó con Albert Rossich un panfleto donde se decía que el proceso de extinción del catalán “puede quedar sentenciado de aquí a unos cincuenta años, cuando la última generación que habrá tenido el catalán como lengua materna lo abandone para dirigirse a sus hijos”. El año 2040 se acerca y aquel pronóstico no tiene perspectivas de cumplirse; según el último Informe sobre la situación de la lengua catalana, no solo las personas que tienen el catalán como lengua materna no lo abandonan para dirigirse a sus hijos sino que que un “cierto flujo deatracción del catalán hace que algunos castellanohablantes elijan el catalán para transmitir a los hijos”.
Si la prospectiva no es lo fuerte de Rafanell, como historiador de la lengua y la cultura catalanas nos encontramos ante una figura que crece con cada obra que escribe.
[...] Con su dominio de las fuentes, [en Noticias de anteayer] describe con precisión etnográfica la “devastación de la catalanidad” iniciada en 1936, que con el ripio de la inmigración de los años 60 significó la aniquilación de la “vieja Cataluña” catalanófona. En este relato hay que prestar atención episodios especialmente relevantes para entender la complejidad del período. Un ejemplo puede ser la “desfascistización” de 1945: al mismo tiempo que Franco retira el saludo romano, sondea a los escritores catalanes para que vuelvan a una cierta actividad pública y el gobernador civil de Barcelona proclamaba el retorno del catalán “al acervo común de nuestra riqueza idiomàtica y cultural”. En aquella España católica, otro episodio interesante es el de la Iglesia catalana convertida en “sagrera” de la catalanidad, que tiene entre otras manifestaciones el resurgimiento de los juegos florales municipales “al amparo de las sotanas”. Y también es muy interesante seguir el tránsito de la política de exterminio a la de relativa transigencia de los años 50, cuando los primeros tratados con Estados Unidos empujan al régimen a “limpiar la cara a su fachada totalitaria”. Desde 1951, por poner un solo ejemplo, los premios Ciudad de Barcelona aceptan participaciones en catalán. Aunque las restricciones dominasen “hasta bien entrada la década de los sesenta”, el punto de inflexión ya era un hecho.
En un momento del relato Rafanell hace una pausa y se pregunta porlas raíces doctrinales del nacionalismo lingüístico español (de un nacionalismo, por cierto, que pervive hoy dentro y fuera del PP). Si Rafanell profundizase su incursión en la historia de las ideologías lingüísticas, tal vez descubriría que estas raíces se parecen mucho a las del nacionalismo lingüístico catalán (“una nación, una lengua”), y todo ello podría servirnos para entender las querellas lingüísticas del siglo XXI. ¿Tal vez Rafanell ya está preparando unas Noticias de hoy?’.

La Voz de Barcelona 

Multa de 54 millones a las navieras que operan en Baleares por pactar precios

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de 54 millones de euros a Trasmediterránea, Baleária, Isleña Marítima de Contenedores, Sercomisa y Mediterránea Pitiusa por haber participado en un cártel en las líneas de transporte marítimo de mercancías y

El decreto desregulador del Govern, por Joan Serra

El decreto-ley de «ordenación urbanística sostenible» es un paquete de reformas precipitado, confuso y chapucero






El Govern balear ha recurrido a un instrumento como el decreto-ley, previsto exclusivamente para casos de «extraordinaria y urgente necesidad», para poner en vigor de inmediato unas medidas que denomina de «ordenación urbanística sostenible», en un ejercicio de retorcimiento semántico que pretende encubrir el verdadero propósito de ese conjunto de normas desreguladoras. Solo puede hablarse de sostenibilidad si una actuación satisface las necesidades actuales sin comprometer las de futuras generaciones, y no parece que favorecer otra vez el consumo intensivo de territorio, encomendarse de nuevo al hormigón y al ladrillo, cumpla ese requisito.

Para justificar su precipitado paquete de reformas, confuso y chapucero desde su misma exposición de motivos, invoca el Govern los males que a su juicio aquejan al urbanismo y a la ordenación territorial en Balears: falta de seguridad jurídica, dispersión y rigidez normativa y procedimental e imposibilidad de innovar el planeamiento en un tiempo razonable, en una situación de crisis que requiere «respuestas rápidas y decididas para impulsar la recuperación». Pero sus recientes medidas no se limitan a simplificar y agilizar los procedimientos, sino que en realidad suprimen controles y crean un marco legal claramente más permisivo para la edificación. Hay en todo ello notoria contradicción con los propósitos enunciados por el presidente José Ramón Bauzá en su investidura, donde recalcó que no pretendía dar rienda suelta a la construcción porque «eso es parte del pasado y un modelo que no queremos para el futuro». Pero si con maraña normativa, rigideces varias y gobiernos insulares y municipales más proclives a la contención y el proteccionismo fue posible el desmadre urbanístico y la burbuja inmobiliaria del pasado, ¿qué no podrá hacerse en el futuro con menos obstáculos legales para urbanizar y mayorías políticas más proclives a la expansión?

Con arreglo al Estatut, el urbanismo y la ordenación del territorio son competencias exclusivas de la Comunitat Autònoma que no corresponde ejercer al Govern, sino a los consells, que las tienen como competencias propias y con potestad reglamentaria, aunque el Parlament puede legislar sobre ellas y el Govern esté facultado también para fijar «principios generales», y no detalles concretos hechos a medida de un paraje u otro. Con esta estructura de distribución de responsabilidades y con la holgada mayoría de que dispone el PP en el Parlament, recurrir al decreto-ley para intervenir en el urbanismo y la ordenación territorial de las islas era innecesario, pero hacerlo sin contar con los consells es un atropello injustificado. Y poco se les habrá tenido en cuenta cuando las propias instituciones de Eivissa, todas del PP, han tenido que pedir explicaciones al Govern para que aclare cómo afectará la nueva normativa a determinadas zonas. Brillante muestra de seguridad jurídica.

La seguridad jurídica la dan la estabilidad y la claridad de las normas, pero no es una condición ligada a la permisividad ni a la inmutabilidad de la clasificación del suelo; también puede haber seguridad jurídica en la protección y en la desclasificación. ¿Dónde queda «el compromiso con el Medio Ambiente y la conservación de nuestro patrimonio natural» que, según Bauzá, había de ser «uno de los ejes principales» de su programa de gobierno?


Joan Serra, director del Diario de Ibiza

sábado, 18 de febrero de 2012

Abogados de Ibiza se concentran en el juzgado en apoyo al juez Baltasar Garzón

El grupo de abogados que se concentró en Vila en apoyo a Garzón.

17-02-2012 | Marco Torres

A Ibiza Digital le sorprende esta noticia. ¿Dónde están los 15 abogados que apoyan al juez prevaricador? Yo solo veo a Josep Costa y a Ricardo Albín. Con gusto publicaré todos los nombres si me los dejan en Comentarios. Gracias.


Una quincena de abogados y procuradores de Eivissa se concentraron poco antes del mediodía de ayer en la puerta de los juzgados de Isidoro Macabich en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo en la que se inhabilita al juez Baltasar Garzón, al ser considerado autor de un delito de prevaricación, y en favor de una Justicia «no ramplona»..
El abogado Ricardo Albín, con el apoyo de sus compañeros de toga, leyó un comunicado en el que se expresaba el total rechazo por dicha decisión a la que no dudaron en calificar de «no casual».
Los letrados que siguieron esta convocatoria calificaron a Garzón de persona «íntegra y profesional» y lamentaron que todo ello ocurriera con un magistrado que se había atrevido a abrir causas contra las dictaduras chilena y argentina, así como a investigar el franquismo y, más recientemente, la trama Gürtel.

Auditoría a Itusa: «Se favoreció de manera descarada» a la empresa Bruesa

La auditoría a Itusa concluye que «favoreció de manera descarada» a la empresa Bruesa

Jáuregui denuncia que el proyecto Eivissa Centre ha costado 18 millones de euros a causa de «actuaciones irregulares»




Juan Daura, Marienna Sánchez-Jáuregui, y los auditores Carlos Blanco y Francisco Arnaud, ayer, en rueda de prensa.

16-02-2012 | Marco Torres

L. AVERSA, ültima Hora Ibiza
El proyecto Eivissa Centre iba a suponer un gasto «cero» para el Ayuntamiento de Eivissa pero a día de hoy ha costado más de 18 millones de euros: 9,3 millones aportados por el Consistorio a través de la sociedad municipal Imvisa y otros 9 millones que se dejaron de obtener como beneficios.
Ésta es la principal conclusión de «la auditoría de cumplimiento» encargada por el gobierno popular

Ibiza Centro ha costado 18,5 millones a Vila hasta ahora según la auditoría a Itusa

El equipo de gobierno del PP consulta a los servicios jurídicos municipales para dilucidar si existen responsabilidades civiles, penales o administrativas por la «mala gestión» del Consejo de Administración de la empresa mixta, que entienden favoreció a Brues



El edificio Es Pla de Vila integrado en el proyecto Eivissa Centre.  S.C


AQUEL SÁNCHEZ | IBIZA ­El proyecto Eivissa Centre que el anterior equipo de gobierno de PSOE-Pacte presentó en 2004 asegurando que tendría un coste cero para el Ayuntamiento de Eivissa ha costado, a día de hoy, 18,5 millones de euros a las arcas municipales. Al menos así lo indica la auditoría de cumplimiento de la empresa mixta Itusa, participada por la constructora Brues S.A. y la empresa municipal Imvisa. El actual equipo de gobierno encargó esta auditoría de gestión, que ha costado 21.000 euros, a la empresa de consultoría Arnaudit.

La alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, presentó ayer los datos incluidos en este informe y calificó de