viernes, 12 de octubre de 2012

Wert denuncia “evidencias” de adoctrinamiento secesionista en las escuelas por parte de la Generalidad


El adoctrinamiento independentista en las... por atreides69
El ministro de Educación, Cultura y Deporte se declara “firmemente dispuesto a resolver” el desacato de varias CCAA a las sentencias que obligan a restablecer el bilingüismo escolar. “Estamos en una reflexión para hacer efectivo ese derecho [a recibir la educación en castellano] en todas partes de España. Yo garantizo que eso lo vamos a hacer”, asegura.
Alejandro Tercero

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Eduación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, durante una rueda de prensa (foto: la Moncloa).
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP), ha denunciado este martes que “hay algunas evidencias que relacionan el crecimiento del sentimiento independentista en alguna Comunidad [en referencia a la Generalidad] con la dirección que ha llevado el proceso educativo” en los últimos años.
En una entrevista en Telemadrid, Wert también ha criticado las divergencias existentes entre los sistemas educativos de las CCAA:
“No podemos permitirnos la existencia de 17 sistemas educativos con diferencias de rendimiento e inversión, y por tanto, diferencias de oportunidades tan excesivas y abrumadoras como las que se producen ahora”.
Defensa de la solidaridad y la igualdad a nivel nacional
El ministro ha defendido que el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) pretende solucionar esas cuestiones. Ha destacado especialmente
situaciones como el hecho de que “en el País Vasco el gasto educativo es exactamente el doble que en Andalucía”.
“Yo lo único que planteo en ese sentido es que nos hagamos la pregunta de si los principios constitucionales, y en particular el de solidaridad, el de igualdad, los principios de equidad como principios generales, están bien atendidos cuando nos encontramos diferencias de este tipo”, ha planteado.
“Necesaria homogeneidad” de las pruebas de evaluación
Wert ha puesto como ejemplo el caso de Finlandia, que “tiene un sistema que otorga inmensa autonomía a los centros escolares, pero tiene una cosa muy importante, lo que se llama el currículo nacional, que quiere decir que todo niño finlandés desde que entra a la escuela hasta que se dirige a la universidad o a trabajar o a seguir su formación profesional va a ser evaluado con arreglo a unas pautas que se conocen detalladísimamente y que ocupan un gran volumen”.
“Aquí no hemos tenido nada de eso, ni en cuanto al detalle de los contenidos y de las competencias que un alumno tiene que tener, ni en cuanto a la necesaria homogeneidad de esas pruebas, la garantía de que se aplican a todos por igual, y en definitiva, la preservación de criterios de justicia y equidad, que yo creo que en la educación son extremadamente importantes”, ha indicado, y que la LOMCE pretende solucionar estableciendo evaluaciones estandarizadas a nivel nacional.
“Dotar de centralidad a elementos que tienen que ser centrales”
El ministro también ha rechazado las críticas al proyecto de ley que apuntan a que es una recentralización, puesto que, entre otras cosas aumentará en diez puntos el porcentaje de contenidos que fija el Ministerio hasta situarlo en el 75% de forma general, y en el 65% en las CCAA con más de una lengua oficial.
“Esto no es, como se quiere decir para descalificarlo, una recentralización. Esto simplemente es dotar de centralidad a los elementos que tienen que ser centrales. No es recentralizar, es eliminar lo que ha sido el desenfoque que ha tenido, desde este punto de vista, el proceso educativo en nuestro país”, ha defendido.
“Firmemente dispuesto a resolver” el incumplimiento del bilingüismo
Por otra parte, Wert también ha asegurado que el Gobierno está “firmemente dispuesto a resolver” el incumplimiento por parte de varias CCAA de las leyes y sentencias que obligan a restablecer el bilingüismo escolar, aunque ha reconocido que “no es nada fácil de resolver porque el Estado no tiene administración educativa propia en las CCAA”:
“Esto va mucho más allá de la Alta Inspección. No le debe quedar la menor duda respecto a que en esta legislatura ese tema va a tener una solución práctica, porque el problema no es lo que diga la ley, que lo dice claramente: todo el mundo tiene derecho a que el castellano sea la lengua vehicular en que reciba la educación. No es lo que digan los tribunales, que han dicho lo mismo, y algo más: no basta con la llamada atención personalizada para atender ese derecho, sino que hay que hacerlo efectivo. Estamos en una reflexión para hacer efectivo ese derecho en todas partes de España. Yo garantizo que eso lo vamos a hacer”.
Volátil posición del PP
En este sentido, el PP y el propio ministro han tenido posiciones variables en relación a este problema en los últimos meses. Los populares se presentaron a las elecciones generales de hace un año con una total desorientación en este ámbito, prometiendo, a la vez, libertad de elección de la lengua vehicular y trilingüismo (junto al inglés) en las CCAA con dos lenguas oficiales.
En su primera intervención como ministro, en febrero pasado, Wert prometió que el Gobierno mantendrá “una estricta vigilancia” para que se pueda elegir la lengua vehicular en las escuelas. En abril, insistió: “Garantizaré que cualquier niño catalán que quiera estudiar en español lo pueda hacer”. Pero en junio rectificó y confesó que no puede “garantizar” el cumplimiento de las sentencias sobre bilingüismo escolar.
Pese a lo expuesto ahora por Wert, el nuevo proyecto de ley educativa tampoco recoge estrictamente el reconocimiento de ese derecho, lo que ha generado preocupación entre la entidades y padres que abogan por el cumplimiento de las leyes y las sentencias que ordenan el restablecimiento del bilingüismo escolar.
La Generalidad rechaza las evaluaciones estandarizadas a nivel nacional
Tras conocerse el proyecto de la LOMCE, hace diez días, la Generalidad fue una de las administraciones autonómicas que más rápidamente mostró su oposición al mismo. De hecho, Duran i Lleida hizo un llamamiento al desacato por parte de la comunidad educativa.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno autonómico de Cataluña es la estandarización de las evaluaciones a nivel nacional, lo que, con toda probabilidad, echaría por tierra el falso mito defendido por los nacionalistas, según el cuál, y por una especie de fenómeno inexplicable, la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán -es decir, no impartir ni una sola clase en castellano excepto las dos horas semanales de lengua española- supone que los alumnos de Cataluña tienen un nivel de español superior a los alumnos del resto de España.
La Consejería de Enseñanza de la Generalidad ha recurrido a todo tipo de estrategias para maquillar las verdaderas consecuencias de la prohibición del español como lengua vehicular escolar, como rebajar el nivel de las pruebas de castellano para conseguir mejores calificaciones.
A pesar de ello, este mismo martes, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Francesc Homs, ha insistido en que “las evidencias” que tiene la Generalidad son que “el grado de conocimiento del castellano en Cataluña es superior a la media de las CCAA en España”, y ha calificado las declaraciones de Wert de “quimeras”.
Adoctrinamiento de los escolares
Homs no ha entrado a valorar las acusaciones de fomento del independentismo en el ámbito educativo autonómico. Si bien, se trata de una práctica habitual. Basta con recordar la cesión de colegios públicos para la celebración de los referendos secesionistas celebrados por entidades privadas entre 2009 y 2011; la promoción de la participación de los alumnos en dichas consultas desde los propios colegios; o, incluso, la celebración de referendos independentistas para los escolares menores de edad en colegios públicos.
También es destacable la realización de actos contra el español llevada a cabo por Plataforma per la Llengua en diversos colegios públicos con el apoyo de la dirección de dichos centros y con el aval de la Consejería de Enseñanza. Así como la negativa de algunos colegios e institutos a mantener el Doce de Octubre como día festivo ‘por coherencia con el momento de construcción nacional’.