El equipo de gobierno del PP consulta a los servicios jurídicos municipales para dilucidar si existen responsabilidades civiles, penales o administrativas por la «mala gestión» del Consejo de Administración de la empresa mixta, que entienden favoreció a Brues
AQUEL SÁNCHEZ | IBIZA El proyecto Eivissa Centre que el anterior equipo de gobierno de PSOE-Pacte presentó en 2004 asegurando que tendría un coste cero para el Ayuntamiento de Eivissa ha costado, a día de hoy, 18,5 millones de euros a las arcas municipales. Al menos así lo indica la auditoría de cumplimiento de la empresa mixta Itusa, participada por la constructora Brues S.A. y la empresa municipal Imvisa. El actual equipo de gobierno encargó esta auditoría de gestión, que ha costado 21.000 euros, a la empresa de consultoría Arnaudit.
La alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, presentó ayer los datos incluidos en este informe y calificó de
«irregular y negligente» la gestión del consejo de Administración de Itusa, del que formaban parte representantes de Brues, la exalcaldesa Lurdes Costa y los entonces ediles de Urbanismo, Vicent Torres, y Hacienda, Santiago Pizarro. Tras describir la «dejación de funciones y mala gestión» que dicen han costado a las arcas municipales más de 9 millones y han hecho que el Consistorio dejara de ingresar otros tantos, la alcaldesa señaló que el informe se entregará a los servicios jurídicos municipales para que determinen qué responsabilidades «de índole civil, administrativa o penal» se derivan de las actuaciones relacionadas con este proyecto de remodelación del centro de la ciudad. «Es obvio que en todo momento antepusieron los intereses privados de Brues S.A. sobre los de los ciudadanos. Por qué favorecieron de esa manera a esta empresa, ellos lo sabrán», sentenció la máxima responsable municipal. Brues S.A. está en concurso de acreedores desde junio de 2011 y la intención del equipo de gobierno es hacer desaparecer la empresa mixta lo antes posible y que sea Imvisa la que asuma en solitario la gestión de Eivissa Centre.
20 recursos judiciales
Sánchez-Jáuregui añadió que el consejo de administración de Itusa decidió además contratar préstamos por elevados importes y permitió que Brues, «que debía asumir ciertos riesgos», haya cursado numerosas reclamaciones. De hecho, Brues ha interpuesto hasta 20 recursos judiciales contra el Ayuntamiento. La auditoría apunta que en concepto de préstamos y reclamaciones vinculados a esta operación urbanística el Consistorio deberá afrontar además gastos por valor de 5,8 millones de euros.
De los 18,5 millones de coste que señala el informe, 9,3 corresponden a aportaciones directas de Imvisa (el Ayuntamiento). La Corporación aportó a Itusa para su constitución un capital de 2,4 millones correspondientes al coste del solar donde después se levantaría el edificio Es Pla de Vila. «En el contrato que se hace entre Imvisa y Brues queda claro que Imvisa no asume más riesgo que los 2,4 millones que aporta inicialmente y que Brues debía asumir todo el riesgo, todo el coste de la edificabilidad y la financiación de la operación», explicó la presidenta de la Corporación. Sin embargo, la auditoría refleja que cuando se hizo esta aportación inicial los miembros de Imvisa ya sabían que el solar de 5.000 metros cuadrados estaba siendo objeto de una modificación puntual en el PGOU de manera que su edificabilidad pasaría a ser de 9.000 metros, por lo que el valor del solar ascendió a 4,8 millones. «Eso significa que costó al Ayuntamiento 2,4 millones adicionales porque no se obligó a Bruesa a aportar la parte proporcional al valor real del solar», denunció Sánchez-Jáuregui.
En el contrato de la operación urbanística, Brues S.A. aceptaba que debía comprar a un precio de 3.000 euros por metro cuadrado todas las viviendas que no se hubieran vendido ni adjudicado cuatro meses después de efectuado el realojo de los vecinos de Santa Margarita en Es Pla de Vila y siempre que esos pisos hubieran salido a concurso público. El informe presentado ayer señala que el consejo de administración de Itusa «no hizo lo que debía», no instó el concurso, de forma que incurrió en un incumplimiento contractual y perdió la posibilidad de exigir a Bruesa que se quedara con esos inmuebles. Lo que las arcas municipales dejaron de ingresar por la venta de esas viviendas asciende, según la auditoría, a 5,2 millones. «Ahora la situación no es la misma que en 2006. Las viviendas se están intentando vender por 1.600 euros el metro cuadrado. El beneficio para el Ayuntamiento habría sido mucho mayor si se hubieran hecho las cosas bien en su día», apostilló Sánchez-Jáuregui.
Concurso desierto
Según añadió, lo ocurrido con los inmuebles se repite en el caso de los solares de Santa Margarita. Tras la demolición del edificio norte, Itusa «debió instar el concurso público para la venta de ese solar por un importe de 1.200 euros el metro cuadrado para un suelo edificable de 8.842 metros cuadrados». El concurso habría ascendido a 10,6 millones de euros, «estando Brues obligada a licitar y adquirir el solar a dicho precio en el caso de que no hubiera habido otra oferta superior». Al parecer, el consejo de administración no obligó a Bruesa a participar por lo que el concurso del solar quedó desierto. El edificio sur, cuyo solar se valora en 6,6 millones, aún no se ha demolido. De manera que la auditoría cifra en cuatro millones lo que el Ayuntamiento ha dejado de percibir por la enajenación del primer solar.
Esos 4 millones y los 5,2 de las viviendas de Es Pla de Vila suman 9,2 millones que se han dejado de ingresar. Los 9,3 que faltan para sumar los 18,5 gastados son los 4,4 del solar, 3,4 de una ampliación de capital y 1,5 millones de un préstamo.
Diario de Ibiza
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