El decreto-ley de «ordenación urbanística sostenible» es un paquete de reformas precipitado, confuso y chapucero
El Govern balear ha recurrido a un instrumento como el decreto-ley, previsto exclusivamente para casos de «extraordinaria y urgente necesidad», para poner en vigor de inmediato unas medidas que denomina de «ordenación urbanística sostenible», en un ejercicio de retorcimiento semántico que pretende encubrir el verdadero propósito de ese conjunto de normas desreguladoras. Solo puede hablarse de sostenibilidad si una actuación satisface las necesidades actuales sin comprometer las de futuras generaciones, y no parece que favorecer otra vez el consumo intensivo de territorio, encomendarse de nuevo al hormigón y al ladrillo, cumpla ese requisito.
Para justificar su precipitado paquete de reformas, confuso y chapucero desde su misma exposición de motivos, invoca el Govern los males que a su juicio aquejan al urbanismo y a la ordenación territorial en Balears: falta de seguridad jurídica, dispersión y rigidez normativa y procedimental e imposibilidad de innovar el planeamiento en un tiempo razonable, en una situación de crisis que requiere «respuestas rápidas y decididas para impulsar la recuperación». Pero sus recientes medidas no se limitan a simplificar y agilizar los procedimientos, sino que en realidad suprimen controles y crean un marco legal claramente más permisivo para la edificación. Hay en todo ello notoria contradicción con los propósitos enunciados por el presidente José Ramón Bauzá en su investidura, donde recalcó que no pretendía dar rienda suelta a la construcción porque «eso es parte del pasado y un modelo que no queremos para el futuro». Pero si con maraña normativa, rigideces varias y gobiernos insulares y municipales más proclives a la contención y el proteccionismo fue posible el desmadre urbanístico y la burbuja inmobiliaria del pasado, ¿qué no podrá hacerse en el futuro con menos obstáculos legales para urbanizar y mayorías políticas más proclives a la expansión?
Con arreglo al Estatut, el urbanismo y la ordenación del territorio son competencias exclusivas de la Comunitat Autònoma que no corresponde ejercer al Govern, sino a los consells, que las tienen como competencias propias y con potestad reglamentaria, aunque el Parlament puede legislar sobre ellas y el Govern esté facultado también para fijar «principios generales», y no detalles concretos hechos a medida de un paraje u otro. Con esta estructura de distribución de responsabilidades y con la holgada mayoría de que dispone el PP en el Parlament, recurrir al decreto-ley para intervenir en el urbanismo y la ordenación territorial de las islas era innecesario, pero hacerlo sin contar con los consells es un atropello injustificado. Y poco se les habrá tenido en cuenta cuando las propias instituciones de Eivissa, todas del PP, han tenido que pedir explicaciones al Govern para que aclare cómo afectará la nueva normativa a determinadas zonas. Brillante muestra de seguridad jurídica.
La seguridad jurídica la dan la estabilidad y la claridad de las normas, pero no es una condición ligada a la permisividad ni a la inmutabilidad de la clasificación del suelo; también puede haber seguridad jurídica en la protección y en la desclasificación. ¿Dónde queda «el compromiso con el Medio Ambiente y la conservación de nuestro patrimonio natural» que, según Bauzá, había de ser «uno de los ejes principales» de su programa de gobierno?
Joan Serra, director del Diario de Ibiza
