jueves, 10 de enero de 2013

Cataluña: ‘El oasis putrefacto’



Los 23 años de Jordi Pujol al frente de la Generalidad dejaron como herencia una larga lista de casos de corrupción asociados a su partido. En los últimos años, las investigaciones judiciales y periodísticas han destapado nuevos escándalos que confirman que la situación no ha mejorado en Cataluña. Los casos de corrupción salpican ya a todos los partidos políticos que han tenido alguna responsabilidad pública.
Alejandro Tercero

Mucho se ha hablado y escrito sobre el ‘oasis catalán’, aquella idílica situación política, social y económica que supuestamente caracterizaba a Cataluña durante buena parte del siglo pasado. Sin embargo, el transcurso del tiempo ha demostrado que la realidad era otra.
Tres décadas largas de gobiernos autonómicos de CiU y del tripartito se han encargado de enterrar ese mito, con una la lista de casos de corrupción casi inabarcable.
Los casos Pallerols, Palacio de la Música y Pretoria
La sentencia de conformidad acordada este martes, por la que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) reconoce que se financió ilegalmente a través de subvenciones que debían haberse destinado a cursos de formación, solo es la guinda que corona el pastel de los escándalos que
se han destapado en los últimos años.
En 2009 estalló el caso Palacio de la Música, una presunta trama de corrupción, cuya investigación todavía está en fase de instrucción, por la que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se habría financiado cobrando comisiones ilegalesa cambio de la adjudicación de obras públicas de la Generalidad. La formación nacionalista ha tenido que hacer frente a la fianza de 3,3 millones de euros impuesta por el juez -por considerarla ‘responsable civil, como partícipe a título lucrativo’ del desfalco- aportando las escrituras de su sede central.
El caso Pretoria vino poco después. Una supuesta trama de corrupción urbanísticaque supuso la detención, entre otros, del entonces alcalde se Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz (PSC), del ex consejero de Gobernación y de Economía y Finanzas de la Generalidad Macià Alavedra (CiU) y del ex secretario general de la Presidencia de la Generalidad en tiempos de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta (CiU).
Los escándalos de la sanidad: Crespo, Bagó, San Pablo, Prat y Manté
La sombra de la duda también ha alcanzado de forma muy especial el ámbito de la sanidad. Xavier Crespo y su esposa, a través de la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM) y de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva,dilapidaron 1,3 millones de euros de forma injustificada, de los que ellos mismos fueron unos de los principales beneficiarios. Una auditoría realizada por la Sindicatura de Cuentas en 2006 que revelaba las irregularidades fue ocultada durante años. Crespo fue alcalde de Lloret de Mar (Gerona) entre 2007 y 2011. Su partido, CiU, ha mostrado el apoyo hacia su persona incluyéndolo en un lugar preferente de lista por Gerona en las elecciones del 25N, lo que le ha permitido repetir como diputado autonómico.
Por otra parte, hace unos meses se conoció que el Consorcio de la Salud y Social de Cataluña (CSC) otorgó contratos por más de 50 millones de euros en los últimos años al Grupo Serhs, cuyo presidente y principal accionista, Ramon Bagó (ex alcalde de Calella con CiU y ex director general de Turismo de la Generalidad con Pujol), hace dos décadas que también ocupa cargos de alta dirección en en CSC. En 2001, recibió la Cruz de San Jordi de la Generalidad. También se han detectado contratos irregulares de la empresa de Bagó en Badalona.
La justicia también está investigando el supuesto desfalco cometido en la gestión del Hospital de San Pablo de Barcelona, que incluiría multitud de pagos irregulares, favores políticos y adjudicaciones de contratos sin concurso. El caso más llamativo es el del ex gerente adjunto del centro hospitalario Ricard Gutiérrez Martí, que cobró entre 80.000 y 110.000 euros anuales desde 2004 hasta 2011 a pesar de que ya no ejercía su cargo. Una vez conocida esta situación, la dirección del centro formalizó su despido y le indemnizó con otros 158.569,63 euros.
En octubre pasado, fueron imputados Josep Prat, ex presidente del Instituto Catalán de Salud (ICS), y Carles Manté, ex director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), por el supuesto cobro de facturas falsas a través del grupo empresarial municipal Innova, del que el primero era el máximo responsable. Prat dimitió en junio pasado de la presidencia del ICS para defenderse de las acusaciones de malversación. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) también ha investigado la simultaneidad de cargos de Prat que, además de ser presidente del ICS (con un sueldo de 280.000 euros al año), era vicepresidente del grupo hospitalario privado USP, cargo que dejó en enero de 2012.
Oriol Pujol y el caso de las ITV
En marzo de 2012, el caso Campeón -una investigación sobre una trama gallega de tráfico de influencias que salpica al ex ministro de Fomento José Blanco (PSOE)- da un giro inesperado. Las pesquisas destaparon una presunta red de corrupución en Cataluña para enriquecerse a costa de las concesiones de ITV para vehículos.
Hubo varios detenidos, entre ellos, Josep Tous, mano derecha del presidente de la Diputación de Barcelona y recién elegido en el cargo para sustituir a Josep Matas, que, a su vez, había dimitido por un presunto caso de corrupción investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Tous había sido dirigente de la Generalidad y de CDC. El desarrollo del caso, todavía abierto, apunta a otros altos cargos de la formación nacionalista: el secretario general, Oriol Pujol, y el ex gerente del partido y nuevo consejero de Justicia de la Generalidad, Germà Gordó.
Solà y la Asociación Catalana de Municipios
En abril, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, a propuesta de la Fiscalía Superior de Cataluña, sobre la gestión de Francesc Xavier Solà, secretario general de la Consejería de Cultura de la Generalidad y dirigente de CDC, al frente de los servicios jurídicos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM).
Solà facturaba desde una empresa de su propiedad importantes cantidades por conceptos difícilmente justificables a la propia ACM. El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, le acaba de ratificar en su cargo.
Condena a dos ex presidentes de FGC durante el pujolismo
En junio, dos ex altos cargos de los gobiernos autonómicos de Pujol, en concreto, los ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) Enric Roig Soles (1993-1999) y Antoni Herce Herce (1999-2000), fueron condenados por el Tribunal Supremo a cuatro años, seis meses y un día de prisión por un delito de malversación de caudales públicos.
Además, los dos condenados fueron inhabilitados para cargo público y obligados a devolver 2,7 millones de euros que obtuvieron ilegalmente a través de un fondo de pensiones.
La cuñada de Puig y el alcalde de Alpicat
En noviembre, un juzgado de Barcelona declaró nulo el nombramiento de la cuñada de Felip Puig como funcionaria del Gabinete Jurídico de la Generalidad porque no tenía ‘capacidad para ocupar el puesto de trabajo ofertado’.
Poco después, el alcalde de Alpicat y presidente del Consejo Comarcal del Segriá (Lérida), Pau Cabré (CiU), fue condenado a ocho meses de cárcel y otros ocho de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico.
El caso Mercurio
Ese mismo mes estalló el caso Mercurio, una presunta trama de corrupción urbanística con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell. Manuel Bustos (PSC), alcalde de la población barcelonesa, está imputado y ha delegado temporalmente su cargo.
También ha sido imputada la alcaldesa de Moncada y Reixach (Barcelona), María Elena Pérez (PSC), y ha resultado salpicado el secretario de Organización del PSC y diputado autonómico, Daniel Fernández.
Las cuentas de las familias Pujol y Mas en paraísos fiscales
El los últimos meses se han conocido datos sobre depósitos bancarios multimillonarios de las familias Pujol y Mas en paraísos fiscales. Supuestamente, el dinero provendría del cobro de comisiones ilegales. Además, nuevos informes policiales indican que el consejero de Empresa y Empleo y dirigente de CDC, Felip Puig, habría podido recibir dinero procedente de la trama corrupta del Palacio de la Música.
Pero eso no es todo. A lo largo del último año, el ex consejero de Gobernación Jordi Ausàs (ERC) fue detenido y acusado de formar parte de una presunta trama de contrabando de tabaco; se imputó a dos altos cargos de Juegos y Apuestas de la Generalidad por malversación de fondos públicos; se detectaron graves irregularidades en las subvenciones otorgadas por el Memorial Democrático; se destapó un supuestodesvío de fondos públicos a través del Instituto de Alta Tecnología (IAT) del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona; un sindicato de policías denunció irregularidades en la academia de los Mossos d’Esquadra; y el presidente de Reagrupament y ex consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalidad con ERC, Joan Carretero, fue acusado por la fiscalía de un delito continuado de prevaricación por un tema urbanístico cuando era alcalde de Puigcerdá.
CiU, una historia vinculada a la corrupción
La mayor parte de los casos de presunta corrupción citados anteriormente están relacionados con CDC, lo que no es ninguna novedad. Sobre todo, porque ha sido el partido que ha gobernado la Generalidad durante 25 años. La vinculación de la formación nacionalista con los asuntos turbios no es nueva. De hecho, es algo que prácticamente discurre en paralelo y de forma recurrente a lo largo de su corta historia.
El caso Banca Catalana fue uno de los primeros asuntos que salpicaron a la cúpula del partido. En 1984, la fiscalía se querelló contra el máximo responsable del partido y de la Generalidad, Jordi Pujol, por su implicación en la gestión de la entidad -de la que era cofundador- que supuso su intervención por parte del Banco de España. Entre otras irregularidades, se le acusó de haberse repartido 516 millones de pesetas de la entidad bancaria, unos años antes, cuando el banco presentaba fuertes pérdidas. Tras fuertes presiones políticas, en 1986 la Audiencia de Barcelona eximió a Pujol de toda responsabilidad y posteriormente archivó el caso, que el entonces presidente autonómico atribuyó a una “inmensa mala jugada” del PSOE.
En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña -entidad que monopolizaba el juego recreativo con dinero en la Comunidad- denunció el pago de 3.000 millones de pesetas a empresas vinculadas a CDC. Sin embargo, tras una discutida investigación, el caso fue sorprendentemente archivado.
Consejeros implicados
En 1994, el ex consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad (1982-1983) y ex director general del Instituto Catalán de Finanzas (1990-1992) Jordi Planasdemunt fue condenado a siete años de prisión por su implicación en un fraude de 6.000 millones de pesetas mediante pagarés falsos.
Ese mismo año, el consejero de Política Territorial de la Generalidad, Josep Maria Cullell, cofundador de CDC, tuvo que dimitir tras verse implicado en un supuesto caso de tráfico de influencias en favor de un negocio inmobiliario de su cuñado. Actualmente es consejero nacional del partido.
Relaciones íntimas con jueces y empresarios corruptos
Una de los episodios más oscuros de la formación nacionalista es la íntima relación de Jordi Pujol con el ex juez Lluís Pasqual Estevill, nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1994 a propuesta de CiU. Poco después fue condenado a nueve años de cárcel por haber extorsionado durante años a numerosos empresarios junto a Joan Piqué Vidal, que fue condenado a siete años de cárcel. Piqué Vidal fue el abogado que defendió a Pujol en el caso Banca Catalana.
El ex consejero de Economía y Finanzas y mano derecha de Pujol, Macià Alavedra, actualmente implicado en el caso Pretoria, también estuvo relacionado con este caso. El desfalco de la empresa Grand Tibidabo, llevado a cabo por Javier de la Rosa en los años 90, también salpicó a Prenafeta.
La acusación del 3% no se investigó
La sospecha de que el cobro de comisiones ilegales por parte de CDC durante su etapa al frente de la Generalidad era algo habitual, y cobró fuerza durante un pleno celebrado en el Parlamento autonómico de Cataluña en febrero de 2005. Fue entonces cuando Pasqual Maragall (PSC), a la sazón presidente autonómico, pronunció su famosa frase: “Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”. Nunca se investigó aquella acusación.
En los últimos tiempos, también es destacable la conexión de CDC con el caso Urdangarín. Fue el influyente empresario Carles Vilarrubí, actual vicepresidente del Área Institucional del F.C. Barcelona y amigo íntimo de Jordi Pujol, el que introdujo a Iñaki Urdangarín en el mundo de los negocios.
Además de los datos revelados en los últimos meses, otros familiares de Jordi Pujol han tenido un éxito sorprendente en el mundo de los negocios. La esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, a través de la compañía Hidroplant, ha tenido entre sus principales clientes a la propia Generalidad, al F.C. Barcelona y a empresas adjudicatarias del Gobierno autonómico. Y su hijo Josep facturó cantidades millonarias al Instituto Catalán de Salud (ICS) a través de la consultora Europraxis, de la que era socio y que posteriormente fue vendida a Indra por 7.000 millones de pesetas. Curiosamente, la Sindicatura de Cuentas denunció en 2007 la desaparición de varios expedientes de contratación entre Europraxis y el ICS durante los gobiernos de CiU.
“Si hay que entrar, entraremos, pero que vaya con cuidado todo el mundo”
Probablemente, todos estos casos proporcionan algunos indicios que ayudan a comprender por qué CiU es la formación política de toda España que más donaciones anónimas ha recibido entre 1987 y 2007con un 42% del total recaudado.
El propio Pujol, durante una entrevista realizada en octubre de 2009, también aportó algunas pistas adicionales sobre cómo se ha financiado su partido. Preguntado sobre el entonces recién conocido escándalo de corrupción del Palacio de la Música, que ya apuntaba a CDC, el ex presidente autonómico señaló:
“¿Sabe qué pasa? Si entramos aquí, nos haremos mucho dañoporque entonces yo tendría una respuesta fácil, y como también le podría decir… escuche, mire, este le dio tanto a tanto, este le dio tanto a tanto, y estos dieron tanto a tanto… ¡eh! y entonces, bueno, todos los casos son diferentes, si usted quiere, pero todos apestarían un poco. No entremos. ¡Hey! Si hay que entrar, entraremos. A mí me parece que yo no he de entrar, pero si tengo que entrar yo personalmente, también entro. Pero, por otra parte, me sería un poco difícil entrar, según cómo, porque yo no conozco el tema bien. [...] Si se dice que hay que entrar, pues que se entre, pero que vaya con cuidado todo el mundo, porque como usted dice muy bien que no ha habido un buen sistema de financiación de los partidos, y esto es evidente, pues todo chirría un poco”.
En marzo pasado, el Gobierno del PP decidió indultar a dos condenados por malversación de fondos públicos durante los gobiernos autonómicos de Pujol. El ex dirigente de UDC y ex secretario general de la Consejería de Trabajo Josep Maria Servitje Roca fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por ‘un delito continuado de malversación de caudales públicos’ en el conocido como caso Trabajo. Mientras que Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario, ex militante de UDC y ex cuñado del congresista de CiU Josep Sánchez Llibre, había sido condenado a dos años y tres meses de prisión por el mismo caso.
Así las cosas, no parece sorprendente que Cataluña sea la Comunidad con menos ‘calidad gubernativa’ de España, según recoge un reciente informe de la Comisión Europea que analiza la calidad, la imparcialidad y el nivel de corrupción detectados en la educación, la sanidad y la justicia.
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