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Magnífica la requisitoria de Ana Castillo- anterior consellera de Sanidad en el Govern del PP- sobre este auténtico escándalo que es el sobrecoste de Son Espases. Estamos hablando de un “desvío” de 97 millones de euros, es decir, más de 16 mil millones de las antiguas pesetas. Una cifra mareante que ha sido fijada con puntillosidad analítica por Castillo. Demasiado dinero “desviado” que requiere una explicación convincente por parte del PSOE gobernante y que plantea dos tipos de responsabilidades: política y, eventualmente, judicial.
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Políticamente, semejante desmesura es difícilmente justificable y sólo atribuible a la frivolidad, irresponsabilidad y falta de escrúpulos de un Govern que, desde luego, no administra los dineros públicos con la prudencia y sensatez de un buen paterfamilias, sino con la real gana típica de una izquierda que piensa que el gasto público equivale a un derecho de pernada sobre los dineros de los contribuyentes. Pero, ahí hay, además, otra responsabilidad política grave; si hemos de hacer caso a la rigurosa requisitoria de Ana Castillo: Antich y Thomás han mentido a la hora de evaluar un “desvío” que no es de 60 millones de euros, sino de casi 100. Habrían ocultado la verdad de los hechos y de la situación. Por el momento y si no parecen nuevos e inesperados agujeros económicos.
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Es evidente, por otro lado y cuando se hablan de semejantes magnitudes, la imprescindibilidad de una auditoría independiente por si tras estos macro desvíos pudieran existir actuaciones dignas de ser focalizadas judicialmente. No se trata de que los dedos se nos antojen huéspedes, pero a la vista de las corrupciones que informan nuestro panorama político, bueno será ponerse en guardia. Si fuera un Govern del PP el que hubiera protagonizado este gigantesco desvío, la fiscalía anticorrupción ya se habría puesto en marcha, habría efectuado registros, recabado la asistencia de delincuencia económica, intervenido teléfonos y solicitadas imputaciones a troche y moche. ¿O no? Libertad Balear
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