NO existen lenguas romances. En el rigor del lingüista. Llamamos, muy metafóricamente, francés, español, italiano, a las específicas evoluciones de una sola lengua, el latín, en geografías e historias concretas.
Lo mismo sucede con el valenciano, catalán, portugués, mallorquín o ibicenco.
La jerga que contrapone lenguas y dialectos inventa cobertura simbólica de apariencia respetable a una sórdida guerra que se juega en otra parte: la de los intereses -cuando no privilegios- económicos, sobre cuya intangibilidad el nacionalismo impone sus pringosas necedades sentimentales de parvulario.
Así fue siempre: dar nombre de lengua a un habla es alzar una mitología coherente, al final de la cual siempre existen beneficiarios: aquellos «imbéciles felices por haber nacido en algún sitio», contra cuyo letal peligro prevenía Georges Brassens en una hilarante canción de cuando yo era joven.
Muy pocas lenguas hoy tienen un horizonte laboral seguro: el inglés, por supuesto, y el chino casi en la misma media; el español, después; escasas otras. Y da casi pudor que un partido político, el PP, tenga que reivindicar la enseñanza del español en España. Y da algo que es muy corto llamar bochorno, constatar que eso le sea reprochado por el partido gobernante como una refinada variante de fascismo.
Catalán y gallego son formas geográficamente restringidas de evolución del latín. Su área de uso e influencia es muy limitada. Su rentabilidad laboral, nula. El vascuence es una bella reliquia. Que debemos mimar como se mima a las Cuevas de Altamira. Empecinarse en hacer de su uso instrumento comercial cosmopolita es como armar un F18 con hachas de sílex.
En una economía global, desterritorializada, todo aquel que renuncie a la posesión de una lengua vehicular universal está ya muerto antes de entrar en el duro combate del mercado. Una enseñanza monolingüe en catalán o en gallego o menorquín o valenciano -del vascuence, mejor ni hablo- es un deliberado suicidio.
Otra cosa está en juego. Porque cuando una necedad triunfa con tal aplomo es que bajo la necedad fluye algo de muy distinta envergadura: el mito de la nación, ese invento de la Europa moderna, que exige identificaciones simbólicas cuya invulnerabilidad sólo las leyendas de la lengua común blindan. Yo confieso estar ya tan hasta las narices de monsergas sobre pequeñas naciones y lenguas humilladas, que prefiero de buena gana afrontar el problema. Si una región -eso de autonomía no es más que una solemne cursilada- desea independizarse -más bien, si los ciudadanos de una nación desean independizarse-, sigamos el procedimiento perfectamente legal que la Constitución regula en su artículo 168:
«1.Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al capítulo II, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».
No es, al fin, tan complicado. No, si todos aceptamos las reglas del juego.
Y se acabó. No hay tragedia. Ni siquiera drama. Independencia, sí. Pero completa. Bajo el principio básico, sobre el cual la regla del juego constitucional se funda: una nación, un mercado. Sin ninguna excepción, sin ningún privilegio. Y, de una maldita vez, dejemos ya de hablar de tonterías.
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