El empresario se enfrenta a una petición de 81 años de cárcel en un juicio que se inicia hoy y está previsto que dure hasta el viernes - El fiscal se queda encerrado en el ascensor de los Juzgados de Ibiza
31.03.2014 | 10:11
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| El 31 de mayo de 2010, Ferré abandonaba esposado y custudiado por policías las oficinas del Grupo Playa Sol. J.A.RIERA |
EFE | PALMA El Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza celebra desde hoy y hasta el viernes el juicio por el denominado caso Grupo Playa Sol (GPS), en el que la Fiscalía pide una condena de 81 años y 7 meses de prisión para el empresario Fernando Ferré Cardó, propietario del grupo hotelero, que gestiona 10.000 camas. Cuatro años después de su detención, en mayo de 2010, uno de los empresarios más polémicos de la historia de la hostelería pitiusa se sienta en el banquillo de los acusados.
La jornada ha comenzado de forma accidental ya que fiscal, Pedro Horrach, se ha quedado encerrado esta mañana en el ascensor de los Juzgados de Ibiza.
La acusación pública solicita de 14 años y 5 meses de prisión para el asesor fiscal Josep Oller, quien junto a Ferré será juzgado por 14 delitos contra las haciendas públicas estatal y autonómica por presuntos fraudes de los impuestos de sociedades, transmisiones e IVA, así como por fraude en las retenciones sobre el rendimiento del trabajo.
También se les juzgará por varios delitos contables, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores y por haber reclutado a trabajadores extranjeros con contratos en sus países de origen
para eludir las normas laborales españolas. En total se les imputan 18 delitos presuntamente cometidos a través de una red empresarial formada por 301 sociedades.
Están acusados de perjudicar los derechos de los trabajadores que contrataban en lo que se refiere a sus sueldos, pago de horas extraordinarias, descansos y condiciones de residencia en habitaciones no aptas para ello (en algunos casos habilitadas en los tejados de apartamentos hoteleros, sin reunir las condiciones de habitabilidad mínimas), así como por las malas condiciones de higiene que padecían en barracones perjudiciales para su salud.
Multa de 18 millones
Además de los 81 años de cárcel, la Fiscalía Anticorrupción pide para Ferré Cardó una multa de 18.235.124 euros así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años. Para Oller, reclama también 18,2 millones de multa.
Además de los 81 años de cárcel, la Fiscalía Anticorrupción pide para Ferré Cardó una multa de 18.235.124 euros así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años. Para Oller, reclama también 18,2 millones de multa.
Además, el ministerio público solicita que ambos indemnicen de forma solidaria con 17,05 millones a la Hacienda Pública estatal y con 1,1 a la autonómica, como responsabilidad civil.
La Abogacía de la Comunitat Autònoma pide para Fernando Ferré Cardó y Ollé idénticas penas de 15 años y 11 meses de prisión y 3,4 millones de multa.
La Abogacía del Estado reclama 14 años de cárcel para Ferré y 13 para Oller.
El sindicato CCOO, personado como acusación particular también en esta causa, pide 15 años y 8 meses de cárcel para ambos acusados y el sindicato UGT, 15 años y 11 meses.
Operación Trueno
El grupo hotelero Playa Sol se encuentra bajo administración judicial después de que sus responsables fueran detenidos en mayo de 2010 en la llamada operación Trueno, ordenada por Anticorrupción por fraude fiscal.
El grupo hotelero Playa Sol se encuentra bajo administración judicial después de que sus responsables fueran detenidos en mayo de 2010 en la llamada operación Trueno, ordenada por Anticorrupción por fraude fiscal.
El empresario compró cuarenta hoteles en Ibiza, Mallorca y Praga por valor de mil millones de euros. Según la Agencia Tributaria, el grupo hotelero GPS, que explota más de diez mil camas, con un volumen de negocios cercano a los 36 millones anuales, no ingresó cuota alguna correspondiente al impuesto de sociedades ni al IVA.
Para eludir la tributación, GPS usaba más de trescientas sociedades diferentes a las que cambiaba constantemente de domicilio con el objeto de dificultar la adjudicación del beneficio empresarial a cualquier sociedad.
Sobre los dos acusados pesa una fianza de 48.569.397 euros por las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar contra ellos en el juicio.
Según el calendario previsto, hoy lunes comienza el juicio con el interrogatorio a los dos acusados, mañana prestarán declaración 33 testigos, el miércoles lo harán los policías nacionales e inspectores de trabajo implicados en la investigación; el jueves se presentarán informes periciales y la vista finalizará el viernes.
Vía Diario de Ibiza
