A. L.
La Generalidad ha entregado un informe al Gobierno español para que lo incorpore al memorándum que debe presentar ante el comité de expertos del Consejo de Europa en el que denuncia “las medidas regresivas de los Gobiernos valenciano, balear y aragonés” sobre la promoción del catalán en los ámbitos de sus competencias territoriales.
El informe, de fecha octubre de 2013, analiza el período 2010-2012 y ha sido redactado por la Dirección General de Política Lingüística del Departamento de Cultura de la Generalidad -que dirige Ferran Mascarell-. En él se detallan algunos de los 'obstáculos' (sic) detectados para la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELROM), suscrita por España en 2001.
Además del impacto de la crisis al frenar las subvenciones de apoyo a la lengua catalana, el informe enumera como causantes de esta situación los “negativos efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de autonomía”, “las medidas contrarias a la Carta, como el proyecto de Ley estatal de educación (la conocida como Ley Wert)” y la referida a las “medidas de los
Gobiernos valenciano, balear y aragonés regresivas en cuanto a la aplicación del Convenio internacional”.
La Generalidad atribuye a la coloración política de esos ejecutivos (los tres del PP) la situación creada: “Desde la subida al poder del Partido Popular tanto el Gobierno valenciano como más recientemente, desde las últimas elecciones, los de Aragón, llles Balears y España, dan muestras reiteradas de falta de respeto a la unidad geográfica de la lengua catalana”.
Asimismo, el informe destaca un aumento de los recursos contra la política lingüística de la Generalidad, de los que responsabiliza a “organizaciones poco representativas” (sic): “En el periodo objeto de este informe cabe señalar el impulso contrario a la aplicación de la Carta provocado por nuevas corrientes jurisprudenciales, por un recrudecimiento de la actividad impugnadora por parte de una minoría de ciudadanos y organizaciones poco representativasdefensores de la posición de privilegio del castellano, por parte de partidos estatales y de instituciones del Estado, y por medio de campañas mediáticas de desprestigio de la política lingüística catalana, especialmente en el ámbito educativo”.
El documento de la Generalidad de Cataluña, remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que lo presente al Consejo de Europa, también actualiza los datos sobre la situación de las lenguas propias, expone la política lingüística de la Generalidad e informa sobre las novedades normativas.
