El alcalde de Calviá y candidato a la presidencia del PP balear, Carlos Delgado, presentó este viernes las iniciativas incluídas en su programa electoral con el que concurre al Congreso Regional de Baleares.
El alcalde de Calviá y candidato a la presidencia del PP balear, Carlos Delgado, presentó este viernes las iniciativas que contempla el programa electoral con el que concurre al Congreso Regional de Baleares en lo que al funcionamiento interno del partido se refiere.
Como ya adelantó en días anteriores, existe una propuesta previa consistente en que en el caso de que su candidatura resulte vencedora en el Congreso Regional, el 50% de todos los cargos de designación por parte del presidente de la Junta Regional y del Comité Ejecutivo Regional, pertenecerán a la otra candidatura, siempre teniendo en cuenta que será con la necesaria renovación. Igualmente se consensuará con la otra candidatura la composición de las listas electorales al Parlament balear y a los consells con los mismos criterios, ofreciendo al candidato no ganador la posibilidad de estar incluido entre los cinco primeros puestos en la lista al Parlament.
Entre el resto de propuestas contempladas en el programa, destaca la lucha contra la corrupción "de forma implacable". Para ello se pondrá en funcionamiento efectivo la Comisión de Ética, la cual realizará un control previo y posterior a la toma de posesión de los cargos políticos, y funcionará de la siguiente manera: en el control previo a la toma de posesión dicha comisión se encargará, como mínimo, de exigir que el aspirante al cargo haya tenido una conducta intachable en su carrera profesional; exigir al aspirante al cargo la formación adecuada para ocupar puestos técnicos, exigir al aspirante al cargo la realización de una declaración jurada de sus bienes y de los de sus cónyuges y descendientes sometidos a patria potestad, y por último, exigir al aspirante al cargo el compromiso de que no va a ocuparlo más de 8 años.
En el caso de que el Partido Popular no obtenga la mayoría absoluta en las elecciones municipales, insulares y autonómicas, la candidatura de Carlos Delgado se pactará con otros partidos, "única y exclusivamente, si se dan las 3 siguientes circunstancias conjuntamente: que el Partido Popular sea el partido político más votado, que el reparto de áreas de gobierno sea proporcional a los votos obtenidos y que el partido con el que se pacte acepte ciertos principios básicos e irrenunciables de nuestro programa y el sometimiento a la Comisión de Ética a la que hemos hecho referencia en el punto 1 para la elección y control de sus cargos políticos".
El alcalde de Calviá se compromete además a poner en funcionamiento efectivo la Oficina Permanente de Política Municipal para asesorar, especialmente, a las Juntas Locales que estén en la oposición sobre cuestiones técnicas y jurídicas.
Además, se llevará a cabo una descentralización económica del presupuesto regional del partido en las juntas insulares y en las locales en proporción al número de afiliados y se abrirá la sede a la sociedad, convirtiéndola en un centro de participación social y cultural, mediante la organización de conferencias, exposiciones, cursos, debates, etc.
Otras de las medidas propuestas son la constitución de un equipo de adjuntos a la presidencia formado por personas expertas en distintas materias y representativas de la sociedad civil, que no ocupen ni cargos políticos ni cargos en el partido, para asesorar de forma permanente al Presidente autonómico en la toma de decisiones y garantizar la apertura del partido a la sociedad; la edición de una revista en papel y en formato digital para informar a los afiliados y a nuestros cargos políticos de las actuaciones, decisiones y posicionamiento ideológico del partido.
Medidas organizativas internas
Asimismo, Delgado ha manifestado que en caso de ganar las elecciones autonómicas de 2011 se adoptarán las siguientes medidas organizativas internas del Goverm.
Con el objeto de disminuir el gasto público se reducirá el número de consellerías, direcciones generales, altos cargos, empresas públicas, consorcios y organismos autónomos en un 33 %; y además, y con el objeto de evitar la corrupción se pondrá en marcha una unidad de inspección de servicios, debidamente dotada, para el control interno de la legalidad de los procedimientos administrativos, velando especialmente por la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y prohibiendo la discrecionalidad en las adjudicaciones.
La Gaceta
