Anticorrupción acusa al empresario ibicenco Fernando Ferré de crear un gigantesco entramado societario para defraudar a Hacienda
Patricio Candía
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El empresario hotelero Fernando Ferré, en una declaración ante el juez de Eivissa.02-06-2011 | Marco Torres |
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 81 años de cárcel para el empresario ibicenco Fernando Ferré por crear un «entramado societario» integrado por 301 empresas con el objetivo de «eludir sus obligaciones fiscales», señala el escrito de acusación que firma el mismo fiscal que investiga a Iñaki Urdangarin en el 'caso Nóos', Pedro Horrach.
Ferré habría cometido hasta catorce delitos fiscales en el desarrollo de sus actividades al frente del Grupo Playa Sol (GPS), gestionada por administradores judiciales desde el inicio de la 'operación Trueno' en Eivissa. Horrach pide a Ferré y a su asesor fiscal Josep Oller que constituyan una fianza
civil solidaria de 18,2 millones de euros. Oller, asimismo, que colaboró con las investigaciones, se enfrenta a una pena de 14 años y 5 meses de cárcel.
Concursos
GPS se vio abocado a presentar el pasado 14 de enero 265 concursos de acreedores en Mercantil 1 de Palma, circunstancia que ha colapsado el juzgado, ya que esa carga de trabajo es la misma que admite en dos años y medio de actividad.
«Ferré utilizó las 301 sociedades para practicar un reparto ficticio de fondos entre las mismas, creando artificialmente ingresos y pagos mediante facturación por conceptos ficticios que se cruzaban las distintas sociedades», señala el escrito de acusación. Añade que el principal acusado «ordenó a su asesor fiscal que falsease la contabilidad de todas las sociedades, mediante la inclusión en la misma de gastos e ingresos ficticios para los que se cruzaban facturas simuladas cruzadas entre las distintas sociedades». El objetivo era que «ninguna de las 301 entidades declarase beneficios superiores a los 1.000 euros y que no se pagase en concepto de IVA».
Las empresas de Ferré tampoco declaraba a la Agencia Tributaria ingresos procedentes de agencias y touroperadores, ni tampoco, de bares y restaurantes. GPS llegó a controlar 49 hoteles e Eivissa y 1 en Palma.
Para enmascarar aún más su actividad, Ferré domicilió todas las sociedades en Madrid y Barcelona. De esa manera, «no destacan entre las empresas de gran volumen que allí operan», señala el escrito de acusación.
Asimismo, la mayoría de gastos de personal y de arrendamientos, el empresario los abonaba en negro, y por tanto, tampoco los declaraba a la Agencia Tributaria.
Fernando Ferré fue detenido en 2010 y posteriormente quedó en libertad imputado por los delitos de blanqueo de capitales, fraude y falsedad.
