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Mientras no se exijan responsabilidades, no ya políticas, sino personales, penales, administrativas o civiles a los gobernantes que administran con frivolidad, despilfarro y mala fe los dineros públicos no se resolverán los graves problemas que nos atenazan, desde la corrupción hasta el saqueo de las arcas públicas. El caso de las carreteras y los 333 millones de euros que, por sentencia del Supremo, está condenado a pagar el Gobierno de la Nación al Govern es el ejemplo que se comentará en este artículo. Pero hay más hechos, desde los miles y miles de millones de antiguas pesetas que nos cuestan los caprichos de los políticos, alterando derechos legítimamente adquiridos, dejando la seguridad jurídica hecha unos zorros, hasta episodios tan increíbles como el conseller Vicens que se monta una absurda línea de tren sin tener presupuesto para ello, encima adquiriendo unos trenes que nunca se utilizarán, todo ello son botones de muestra del estado de degradación a que nos ha conducido el PSOE y el presidente del Gobierno con la ayuda inestimable del presidente socialista de nuestra autonomía.
Lo de los 333 millones que nos han intentado birlar el gobierno del señor Zapaterotiene dos facetas, igualmente penosas. La primera, es una ministra de Obras Públicas- la entonces famosa “Maleni”- que en acto de supremo sectarismo niega una subvención acordada por el legítimo gobierno de la Nación, vulnerando leyes, practicando un intolerable realganismo y, aspirando, para más inri, a ahogar financieramente a una autonomía por la única y exclusiva razón de que está gobernada por sus adversarios políticos. La segunda faceta es el silencio de los corderos, siendo los corderos, Antich y Carbonero, en su rol de corderos mayores del Reino, acompañados por toda la piara de pesemeros, uemitas y demás turbamulta del Pacto de Progreso.
Se ha producido un silencio, no culposo, sino doloso- es decir, con voluntad de ocultar el desenlace de una ilegalidad- que ha durado tres meses por estrictas razones electoralistas que han subordinado el imperativo de la transparencia informativa a unos prosaicos intereses de partido. La obligación de Antich, Carbonero et altri era comunicar inmediatamente la sentencia adversa- para el gobierno socialista- del Tribunal Supremo pero altamente beneficiosa para esta comunidad autónoma que mostraba la razón moral, política y jurídica del anterior Govern de Matas. Estamos hablando de 333 millones de euros, más de 55 mil millones de pesetas, que el silencio de los corderos- xotets de cordeta, diríamos en buen mallorquín- ha intentado ocultar de una forma, además, estúpida habida cuenta el carácter público - erga omnes, “frente a todos”- de cualquier sentencia, máxime de una sentencia del Supremo que cierra la vía jurisdiccional y adquiere, en consecuencia, la condición de cosa juzgada.
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