jueves, 10 de febrero de 2011

Después de 30 años, Antonio Alemany deja El Mundo

De la Audiencia y del adiós

por Antonio Alemany Dezcallar



Foto: M. À. Cañellas




EL ARTÍCULO 24 de la Constitución es una de las piedras fundantes de nuestro Estado de Derecho y la clave del arco que configura todo el sistema jurisdiccional español: el derecho a la tutela efectiva de los jueces, la prohibición de que se produzca indefensión en el justiciable, el derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, el derecho a no declarar contra sí mismos, etc… Es, en suma, lo que la doctrina llama derecho a la jurisdicción.

 La función amparadora de los jueces, el principio garantista que inspira el proceso penal, la prohibición de la probatio diabólica (demostrar lo que no se ha hecho), la carga de la prueba -probat qui dicit, non qui negat- que corresponde al que acusa y no al acusado son algunas de las admirables consecuencias de este artículo 24, modelo de síntesis, de claridad expositiva y de economía legislativa. 

A mí me da la impresión de que jueces y fiscales no son conscientes de hasta qué punto sus más mínimos movimientos son focalizados y seguidos por algunos -no demasiados- que conocemos la importancia de su función jurisdiccional («jurisdiccional», iuris dictio, decir derecho) que constituye la materialización empírica de estos magníficos principios que proclaman las leyes, con el art. 24 de la Constitución a la cabeza. 

Es cierto que los «juicios paralelos» -una perversión antidemocrática y un periodismo basura amparado y propiciado por algunos indignos jueces y fiscales- arramblan con todas estas disquisiciones y focalizaciones jurídicas de capital importancia en un Estado de Derecho. La anticipación de la condena por parte de la opinión pública o la instrumentalización del proceso penal al servicio de la política son los miserables objetivos que prostituyen de alguna manera la función jurisdiccional e instructora que llevan a cabo jueces y fiscales prudentes, pero sobre todo ecuánimes y justos.

De ahí, que dos recientes intervenciones de la Audiencia Provincial han constituido un soplo de aire fresco en el proceloso mundo instructor en el que, no siempre pero sí en algunas ocasiones, no sólo se olvidan, sino que se pisotean todas las bellas afirmaciones del artículo 24 de la Constitución. La Audiencia, en un caso, ha recordado al juez instructor que los autos judiciales deben motivarse, sin que quepan las hipótesis legitimadoras o un pervertido uso de esta libre apreciación de la prueba que no significa, nunca y en ningún caso, la real y arbitraria gana del juzgador de turno. La Audiencia ha anulado las abultadas fianzas impuestas injustamente. 

En el segundo caso, la Audiencia ha vuelto a recordar al mismo juez instructor que el derecho a la tutela judicial y a la práctica de la prueba son principios constitucionales que integran la panoplia de derechos fundamentales de los ciudadanos. En ambos supuestos, la Audiencia no ha precisado de complejas disquisiciones jurídicas sólo aptas para iniciados, sino este puñado de sencillos y claros preceptos que proclama la Constitución. Muy bien por la Audiencia: a mí, al menos, ha reforzado mi fe en este producto decantado de la inteligencia humana que es la función jurisdiccional. 

Todo este rifirrafe servirá seguramente para erradicar la corrupción -la auténtica, no la imaginada por enfebrecidas mentes instructoras y fiscales- pero también, pienso y deseo, servirá para depurar ciertos aspectos y comportamientos que atentan contra este articulo 24 reiteradamente aludido. Existen perversiones peligrosas en el mundo jurisdiccional: el uso alternativo del derecho -donde el juez se subroga en el papel del legislador: ejemplo típico, el del famoso auto de las hipotecas- o la omnipotencia del juez instructor o el creciente protagonismo de una fiscalía politizada, sectaria, inmune e impune. En cualquier caso, estos autos de la Audiencia nos recuerdan venturosamente que no todo está perdido en el reino de la Justicia. 

Por último, unas breves consideraciones sobre las subvenciones a los medios de comunicación que, si he de hacer caso a las opiniones vertidas en la prensa digital, han llamado la atención y generado especulaciones.

 Las razones por las cuales se ha solicitado el acceso a las subvenciones otorgadas en el periodo 2002-2008 son estrictamente procesales e imprescindibles para contextualizar la subvención otorgada a la Agencia Balear de Noticias y desmontar la especie de que se trataba de una subvención «de favor». Pero, por otro lado, no comprendo la expectación, en unos casos, y alarmas en otros, por el hecho de que se conozcan estas subvenciones. 
¿De qué se alarman?
 A mí no me alarma en absoluto que se conozca la subvención a ABN: cuando no se tiene nada que ocultar, estos temores no existen. En el caso de los medios informativos, se trata de dineros públicos otorgados a través de concursos públicos y, en consecuencia, generadores de un derecho ciudadano a conocer lo que es público, los dineros, quienes los administran y quienes los reciben. 


Adiós a los lectores

Este es el último artículo que publico en EL MUNDO/ El Día de Baleares. Todas las cosas tienen su principio y su fin. En el principio, yo participé, junto con tres empresarios, en la génesis y fundación de El Día de Baleares, del cual fui su primer director. Durante treinta años, con algunos breves paréntesis, he sido el responsable de las páginas de opinión del periódico. Algunos miles -bastantes miles- de artículos firmados con mi nombre han acompañado a otros miles anónimos editoriales debido a mi pluma. He sido presidente del Consejo Editorial y presidente del Foro EL MUNDO/ El día de Baleares. Es decir, una parte importante de mi vida ha sido dedicada a este periódico, de la misma forma que otra parte importante de mi vida estuvo dedicada a Diario de Mallorca
En el fín, el «periodista Alemany» -como me llaman en este periódico- se va por una serie de circunstancias que no vienen al caso y que, en aras de un civilizado divorcio, es mejor que no vengan. Sólo me resta despedirme de los lectores y agradecerles de corazón que, durante estos casi treinta años, hayan prestado atención a mis escritos. Muchas gracias a todos.