Mi experiencia con el juez Castro y el fiscal Horrach
Antonio Alemany Dezcállar |
Actualizado viernes 19/02/2010 08:54 horas
Como no me da la gana que «me escriban» la historia la voy a contar yo. Por una razón fundamental: puesto que la fiscalía y algunos jueces instructores permiten juicios mediáticos paralelos, sin investigar siquiera, por un mínimo pudor procesal y de presunción de inocencia, estas flagrantes filtraciones, acepto el juego del juicio paralelo que, por supuesto, incluye a todo mundo, y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Con dos advertencias previas antes de entrar amb olivetes. Primera ni el juez Castro ni el fiscal Horrach ni el sumsum corda me dan miedo alguno: a mis setenta años y con todas las experiencias vividas me podrán mandar a la cárcel, me podrán provocar un infarto e, incluso, me podrán arruinar, pero nada más. Como le dijo Calvo Sotelo a Casares Quiroga, «anchas son mis espaldas». Y, segunda, tenía una relativa buena impresión del juez Castro porque, aunque justiciero y desaforado, me parecía un juez valiente. En cambio, tenía una pésima opinión del fiscal Horrach. Tras la experiencia de ayer, tengo una mala opinión de ambos.Ayer, inesperadamente, me urgen de la Policía Nacional para que acuda a recoger una citación judicial a las 17,30 horas, ya que a las 18 horas tengo que comparecer ante el juez Castro. Resulta que me imputan de no sé qué y resulta que, al llegar al edificio de los Juzgados estaban los fotógrafos de los medios de siempre: Diario de Mallorca y los de los periódicos de Pedro Serra, al que por cierto ni imputan ni llaman a declarar a pesar del oscuro y clamoroso asunto de la extraña emisora que alquilaba al Consell de Mallorca por una cantidad desorbitada. En buena teoría la habitual «filtración» de la hora, lugar y citación —siendo secreto el sumario— debería ser investigada de oficio por el juez Castro —que es el director del sumario— y por el fiscal Horrach, cuyo ministerio es el de la defensa de la legalidad. Son habas contadas quienes conocen datos secretos del sumario o los que pueden conocer y propagar determinadas informaciones. Si en este momento no han iniciado la investigación y desvelado la garganta profunda están incumpliendo la primera de sus obligaciones.
Las imputaciones son tan graves como intolerables: nada menos que de falsificación de documento público, malversación de caudales públicos y prevaricación. ¿En qué se basan? A vuela pluma:
a) El Govern convoca un concurso de asesoría informativa —algo que ignoraba y en el cual no tengo arte ni parte— que gana la empresa Nimbus que, a su vez, subcontrata a mi despacho profesional, a un tanto alzado mensual, para que elabore discursos y asesore al Govern, amén de otros trabajos con empresas privadas que nada tienen que ver con el Govern. De ahí deducen lo que llaman el «efecto triangulación» en el que tres «corruptos»—el Govern, Nimbus y mi despacho profesional— se ponen de acuerdo para malversar fondos públicos, prevaricar y falsificar documentos públicos.
b) Yo les insisto, aclaro y reitero que toda esta parafernalia concursal me parece una solemne estupidez, ya que, tanto mi despacho como yo personalmente y tanto en tiempos de Cañellas como de Matas, no necesitábamos de estos artilugios ya que, de forma pública y notoria, estábamos contratados como asesores. De hecho, casi la totalidad de los discursos y conferencias de Matas y Cañellas fueron elaboradas por mi despacho. Y que, además, las legítimas retribuciones obtenidas se corresponden con un honesto y, con frecuencia, duro trabajo profesional. O sea que no hay ahí ni enriquecimiento injusto, pagos devengados por trabajos inexistentes ni estamos ante un servicio dado de forma ilegal como ocurre con la radio de Serra, pues tenía licencia para emitir sólo en un municipio y se la alquiló a precio de oro al Consell de Munar para emitir en toda Mallorca.
c) Me preguntan a qué atribuyo entonces todo este cotarro del concurso y yo les respondo que es algo que deben preguntar, en todo caso, al Govern y no a mí. O a Nimbus y no a quien se entera, por vez primera, de todo esto del concurso que, en el peor de los casos y a mi juicio, es irrelevante desde el punto de vista moral, legal y político: como si fuera un nefando delito la subcontratación. Sí les digo, en cambio y sin base alguna, que me imagino que tal vez utilizan la absurda vía del concurso porque mi presencia como asesor presidencial les resulta «incómoda». Por miedo a otros medios de comunicación.
d) Por último, me sacan a colación algunas —escasas por desgracia— comisiones del 5% (ofertadas, además por Nimbus y no a petición del despacho) por publicidad, bien recomendada, bien aportada por el despacho profesional.
El desarrollo del interrogatorio me ha parecido, sencillamente, demencial, en sus formas y en su fondo. Tanto el juez Castro como el fiscal Horrach, con enfermiza insistencia, practican el método apodíctico, es decir, que lo que ellos afirman es incondicionalmente cierto y necesariamente válido, lo cual, dicho, con todos los respetos o sin respeto alguno, no parece que deba ser la forma de la inquisición instructora. Toda su argumentación se ha basado en intolerables juicios de intenciones y en una pretendida «lógica», mimbres tan etéreos como inaceptables cuando se está jugando con la rectitud y los derechos de las personas. Hechos, no hipótesis absurdas. Y los hechos son que, sin haberse producido enriquecimiento injusto, sin haber participado en decisiones que afectan, en todo caso, a los que las han tomado y, por haberme limitado a ejercer honestamente y con la mayor eficiencia posible mi profesión liberal, estos dos profesionales de la Justicia me involucran en unos delitos nefandos. Ni siquiera el Tribunal de Orden Público (TOP) de nefasto recuerdo se comportaba de esta manera.
Es por todo ello que, cuando sea el momento procesal oportuno, ya anuncio que interpondré querella criminal contra el juez Castro y el fiscal Horrach. Supongo que no será delito ejercer el principio acusatorio contra los que, frívola y ridículamente, lo ejercen injustamente contra mi persona. Ser juez o fiscal no significa tener patente de corso, sino, en todo caso, patente de ecuanimidad y legalidad.
El MUNDO
