Catalonia: la incongruencia del pacto fiscal

JUAN CARLOS GIRAUTA

Como la manipulación de alimentos, la de sentimientos debería requerir título por los peligros que conlleva. En manos de un especialista, algo de apariencia tan plúmbea como un pacto fiscal puede tornarse objeto de emocionadas arengas, patrióticos llamamientos y «clamores», por usar el nuevo artefacto de Mas. Pero a poco que honremos la materia con un poco de lógica -que a simple vista es lo que parece convenirle- asomará la incongruencia.

En primer lugar, exigir un pacto con todas sus cláusulas es una contradictio in terminis. Se
exige un nuevo estatus. Se pide una negociación. Pero los pactos no vienen definidos ni se exigen. No se le llama pacto a un trágala como el que anuncia el consejero Felip Puig: «Cataluña debe lograr una Hacienda propia. O se pacta, o la construiremos. Y asumiremos que ello pueda implicar un conflicto político».

Calma, Puig. La reivindicación de unas finanzas sostenibles que permitan asegurar la prestación de los servicios que se tienen encomendados es perfectamente lógica y normal. Las necesita Cataluña y también el resto de comunidades autónomas. La aspiración a contar con un régimen especial tampoco es para que nos rasguemos las vestiduras, toda vez que en España ya existen tales regímenes; que uno nuevo exija o no la reforma de la Constitución es discutible y, desde luego, asunto de debate técnico para juristas constitucionalistas. 

No da para hacer apuestas en los chiringuitos de la playa. También es atendible el establecimiento del principio de ordinalidad, esto es, que una vez aplicada la solidaridad interterritorial no se altere el orden de las comunidades en recursos per cápita. Del famoso límite a la solidaridad como porcentaje del PIB regional se puede hablar, aunque no se debería mentir; los nacionalistas vienen explicando el cuento chino de que tal límite constituye una obligación constitucional en Alemania. ¿Confiaban en que nadie supiera alemán? ¿En que no aparecieran traducciones? 

En cualquier caso, el límite sobre el PIB sólo podrá empezar a discutirse cuando la Generalidad decida mantener en el tiempo un método de cálculo del déficit fiscal, y solo uno. El que ahora dan por bueno lo darán por malo. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal catalán disminuirá notablemente -o desaparecerá, o se convertirá en superávit- al reducirse el déficit público español. Con o sin pactos fiscales. Cuando llegue el día de la reunión Rajoy-Mas (que el segundo anuncia para septiembre y el primero no anuncia en absoluto), haría bien el presidente del gobierno en poner una condición liminar: que la Generalidad se atenga a un método de cálculo de su déficit fiscal durante los próximos veinte años. El que quiera. Si no, los partidos nacionalistas irán bailando entre los cuatro posibles para presentar siempre las cifras más gravosas.

Concluyo la desdramatización de las premisas catalanas. No es una mala idea, ni una demanda exclusiva de nacionalistas (pregunten a Aguirre), que las transferencias de fondos de solidaridad respondan a la efectiva satisfacción de las prestaciones sociales básicas en todas las comunidades autónomas de España. O lo que es lo mismo, que sigan un criterio finalista.

Como se ve, todo lo apuntado es discutible. ¿Dónde está el escollo? En la Hacienda propia, que ni siquiera los socialistas catalanes desean. Mas se ha enrocado en ella, y aquí no disfruta del manido apoyo «transversal» de los catalanes ni de sus empresas. Si convoca un referéndum ad hoc, como insinúa, se lo encontrará. Ante la próxima orgía victimista, programada para el once de septiembre, mejor explicar con calma, claridad, pedagogía y puntero, la verdad. Puede ser fulminante, pues lo que realmente ambiciona el nacionalismo ni es pacto ni es fiscal.
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