sábado, 16 de octubre de 2010

Un problema innegable, por el Grupo Ramon Llull

Las declaraciones espontáneas del presidente del Partido Popular no
han hecho más que poner sobre la mesa el tema de la lengua -siempre
latente y ocasionalmente explosivo- que tiene el agravante de afectar
a la educación que se personifica especialmente en los educados, sus
padres y los educadores.

Es verdad que el origen de esta problemática está en las normas
legislativas que el propio PP aprobó en los tiempos de Gabriel
Canyellas y Jaume Matas. Resulta curioso que estos dos históricos
personajes, tan vilipendiados por la oposición en sus días de vinos y
rosas, aparezcan estos días defendidos por ésta en la controversia
lingüística, con tal de atacar al presidente del PP. Cabe por tanto
suponer que las concesiones que aquellos presidentes hicieron en la
redacción de las normas legislativas no eran sólo en aras del más
amplio consenso, sino fruto de su ingenuidad, que ahora aparece
cristalina al no haber adivinado que el espíritu de la ley sería
violentado y su aplicación derivaría al enfrentamiento al no atenerse
a la superior norma del sentido común, del seny, de la libertad y del
respeto a los derechos humanos. La interpretación sectaria de aquellas
normas tan consensuadas se está haciendo gracias a los grupos de
presión que han ocupado manu militari todo el campo de operaciones.
Dichos grupos están representados por los sindicatos de la enseñanza,
por la Obra Cultural Balear y por todos los políticos pancatalanistas
subvencionados por la Generalitat Catalana y, lo que es peor, con
nuestros propios impuestos.

El problema es innegable por mucho que se ataque al presidente del PP
acusándole de crear un problema inexistente. La coacción ejercida
sobre los ciudadanos de a pie por los poderes fácticos para acallar el
problema es evidente. Desde su prepotencia saben que los afectados no
quieren enfrentamientos, pues ni los alumnos, ni sus padres, están en
condiciones de correr riesgos innecesarios a corto plazo. Pero
recuerden que a medio y largo plazo la solución estará en su mano con
la papeleta del voto. Si el problema tiene su origen en las
disposiciones legislativas del PP no cabe duda de que su ejecución más
radical ha correspondido a los dos Pactes de Progrés, aunque dicha
responsabilidad también alcanza a la quinta columna catalanista que
existe dentro del PP.

Está claro que las declaraciones del presidente del PP, a pesar de su
espontaneidad, no han pinchado en hueso sino que han llegado a órganos
sensibles conectados no sólo con la lengua sino con el poder del
pancatalanismo que se constituye como una agresión al libre desarrollo
de la personalidad de los habitantes de nuestras islas. Estas islas,
en la historia, siempre se han distinguido por su capacidad para
absorber culturas diferentes que las han enriquecido. Estas islas
pueden hoy quedar monopolizadas por el pensamiento único impuesto por
los últimos invasores. Estas islas pueden perder el bilingüismo
fáctico, natural, espontáneo y atractivo, que siempre habían
disfrutado con más libertad incluso que ahora, cuando el marco
constitucional legislativo era más restrictivo que el actual. El
bilingüismo oficial hoy está en peligro y su defensa nos corresponde a
todos. En esta lucha hay que defender la lengua que recibimos de
nuestros padres y abuelos pero también conseguir un nivel alto en
castellano y en cualquier lengua como base para nuestro desarrollo
cultural y económico.

Ahora bien, el mal uso que se está haciendo de la legalidad induce a
pensar que la ejecutoria tiene que cambiar, ya que si el cauce es tan
ambiguo que permite el caos actual, habrá que plantear un cambio del
marco legal. Quizá la situación política que se vive impide exigir hoy
a cualquiera de los que mañana tendrán que gobernar que definan
exactamente lo que van a hacer después. Sin embargo, sería bueno que
todos los partidos expresaran claramente cuáles son sus principios y
sus ideas sobre los cambios legislativos que proyectan proponer,
aprobar o apoyar, para que el electorado sepa a qué atenerse. Antes de
recibir unas propuestas más claras, nos conformamos con declarar la
gravedad del problema y prepararnos para el momento de votar.

El problema de la lengua y de la educación habrá que compatibilizarlo
con el de la economía, que para muchos ciudadanos es prioritario. El
mismo marco legislativo que permite el caos en la educación es el que
estimula la burocracia y las dobles o triples competencias, que es la
peor herencia de la Transición. Esta herencia es insoportablemente
cara y constituye un verdadero freno a la creación de puestos de
trabajo. El futuro será duro para los que se presenten a las
elecciones y más para los que las ganen. Serán necesarias agallas,
vocación, seriedad e inteligencia. Exijamos que se abstengan los que
en política buscan sólo un medio de vida y de subsistencia.