María Luisa Cava de Llano se ha erigido en las últimas semanas en la voz del pueblo contra el despilfarro de la clase política y contra los excesos de los bancos en relación con los hipotecas.
A la Defensora del Pueblo en funciones desde julio de 2010 no se le quiebra la voz para pedir incluso castigos penales para aquellos servidores públicos que hayan llevado a la bancarrota a sus respectivas administraciones.
“Quería poner de manifiesto que la gente está cansada, que la gente está harta, que a la gente no se le puede pedir que se apriete el cinturón y por otra parte ver despilfarros, ver gastos suntuarios, ver que peligra el estado de las cosas más necesarias que hay, como puede ser la sanidad”, denunciaba, de nuevo este mismo fin de semana, en una entrevista al diario El Mundo.
Críticas a la clase política de quien proviene de la misma y percibe, como alta comisionada de las Cortes,un sueldo público de 107.000 euros al año más otras prebendas como el uso del coche oficial por su trabajo en defensa de los derechos del pueblo.
Desde su atalaya del palacio de los marqueses de Bermejilla del Rey, el espectacular edificio situado junto al Paseo de las Castellana en el que se ubica la sede oficial del Defensor del Pueblo, Cava de Llano se ha prodigado en las últimas semanas en una serie de declaraciones, encuentros con la prensa y entrevistas en medios de comunicación que la han situado como la portavoz del sentido común de la calle en estos tiempos de crisis y de algunas malas prácticas políticas. Y todo, mientras de fondo sigue aún pendiente y por resolver la vacante que afecta a su propio futuro, la renovación de la institución del Defensor del Pueblo, que lleva congelada más de un año por la incapacidad de PP y PSOE para pactar el nombre del sustituto deEnrique Múgica.
Desde entonces, Cava de Llano, de 63 años, ex diputada del Partido Popular con una larga carrera en la política mallorquina a sus espaldas (teniente de alcalde en Ibiza, ex vicepresidenta del Parlamento balear…), ejerce el cargo de forma interina aunque con aspiraciones a ocuparlo de forma oficial si su partido y Rajoy se lo proponen y el PSOE la apoya. No obstante, necesita de una abrumadora mayoría de 3/5 del Congreso y del Senado.
“Yo he sido política”, reconocía, en su descargo, en la entrevista del pasado domingo. “Antes ser político era un honor. (…) “Lo que espero es recuperar otra vez la dignidad del político, que cuando se hable de un político se sepa que es una persona honrada, honesta, una persona digna de la confianza que pone en sus manos el pueblo”.
Mismo sueldo que como adjunta
La renovación de la institución está, precisamente, entre las tareas pendientes del nuevo juego de mayorías de la X Legislatura y, en ese contexto, se han producido algunas de las declaraciones de Cava de Llano de las últimas semanas, en las que ha propuesto también a los bancos una moratoria hipotecaria para las familias perjudicadas por las deudas hipotecarias e incluso la dación en pago para los casos más extraordinarios. Reivindicaciones tradicionales de los partidos de la izquierda, que han presentado también ante el Congreso iniciativas similares, como la moratoria invernal a los afectados por las hipotecas propuesta por el partido de Cayo Lara.
Asimismo, ha presentado también al Parlamento el informe “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo”, en el que se recogen otro grupo de soluciones para los hipotecados que pasan por la supresión de tasas, la moderación de cláusulas penales, o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que coadyuven a superar las dificultades para atender los créditos pendientes de pago.
Cava de Llano percibe como Defensora del Pueblo el mismo sueldo que cobraba como adjunta primera y que ronda los 107.00 euros anuales, algo inferior a los 115.000 que corresponden al alto comisionado de la institución. La retribución del Defensor del Pueblo y sus adjuntos sufrió un recorte de entre un 10 y un 15% en el año 2010, al igual que ocurrió entonces con el suelo de los diputados, senadores y otros altos cargos, y ha permanecido congelada desde entonces. La semana pasada, además, las mesas del Congreso y del Senado aprobaron otro nuevo recorte de 3,4 millones de euros en el presupuesto de las Cortes, de la Junta Electoral Central y del Defensor del Pueblo. Un ajuste que, en el caso de esta última institución, afecta al 2% de su presupuesto. En total, 303.630 euros.
