Nuestros múltiples y escuálidos partidos nacionalistas coinciden en dos cosas: prometer que van a analizar el último repudio de los electores y no analizarlo. Cada día desde las elecciones divagan en Diario de Ibiza con generalidades, sin entrar en el porqué la gente niega el voto a sus propuestas y se lo da a las exactamente contrarias.
Sus análisis se quedan en proyecto por el pavor que les da admitir que el mismo pueblo que se creen destinados a dirigir hacia metas nacionalistas y catalanistas, simplemente los expulsa del poder. Enfrentados a asimilarlo, prefieren ponerse orejeras a aceptar que los votos ponen en solfa sus planteamientos.
Uno de esos partidos, ENE, que tras el paso por las urnas cabe en un taxi, califica de «grave irresponsabilidad» que la alcaldesa electa de Vila quiera aplicar las propuestas que dieron al PP mayoría absoluta. Avala así ENE lo que se sospechaba: que para el nacionalismo la voluntad de los electores expresada en las urnas es interpretable y debe subordinarse a los objetivos que los nacionalistas consideran sagrados. Es el postulado definitorio de los partidos totalitarios, que participan en el juego democrático con el fin exclusivo de imponer desde el poder sus dogmas a toda la sociedad. Aún no ocupan los elegidos los cargos para los que la gente les votó y no para de oírse la hiperbólica y amarga queja de los que se creen apoderados perpetuos de las instituciones democráticas para dirigirlas a su gusto.
Se suma a relativizar el poder de decisión de las urnas la ya exconcejala de Igualdad, Normalización Lingüística y Salud Pública del Ayuntamiento de Ibiza, que se permite decir al vencedor en las elecciones lo que tiene que hacer. Según ella, el PP no debe poner en marcha su propuesta sobre libertad lingüística comprometida con toda claridad en el programa electoral que han votado los ciudadanos, sino unos acuerdos anteriores entre grupos varios, sindicatos, plenos del Ayuntamiento y el PP de la pasada legislatura que los votantes condenaron a la oposición.
Esta concepción de la política que antepone los despachos a las urnas expolia a éstas de su poder decisorio. Nubla el discernimiento de los normalizadores el que sus intereses laborales, económicos y políticos, ceñidos a las tácticas de los partidos catalanistas defenestrados, dependan del cumplimiento del mandato de los votantes.
Abunda en las instituciones el colocado de propósito normalizador, aunque los normalizadores corren contra la ironía de que Ibiza deba su renombre a abominar de normalizaciones. Se sienten tan dueños de lo público como para sostener, con la exconcejala, que cumplir lo ordenado por las urnas, cuando éstas les contradicen, es tener «poca sensibilitat».
Convencidos de que su religión sobre el uso de la lengua «és fonamental per a la cohesió social» no ven su responsabilidad en el deterioro de la cohesión social tras los años en que han abusado del poder con sensibilitat catalanista.
Crearon un problema donde no lo había; implantaron normas opresoras para imponer el catalán en la escuela, en la Administración y en la sanidad; pero chocaron con la calle. Ofuscados en el problema lingüístico que crearon y del que viven, no se resignan a que las urnas los rechacen a ellos y a sus métodos autoritarios, ni a que la sociedad esté más cohesionada y menos obsesa con la lengua de lo que quisieran. Y bastante harta de que en su obstinación hayan justificado robarnos el derecho a estudiar, hablar y escribir para entendernos y no para seguir sus políticas normalizadoras.
Diario de Ibiza
