Es la otra cara del nuevo caso de presunta corrupción que salpica al PP. Su sede operativa es también Alicante, donde el original negocio familiar de construcción Enrique Ortiz e Hijos se ha consolidado como el hegemónico Grupo Cívica. Enrique Ortiz (50 años) es desde hace tiempo el constructor por excelencia de la provincia y desde esta semana el contratista de obra pública sobre el que se vuelven de nuevo las miradas por su posible implicación en la adjudicación irregular de un contrato de basuras con el Ayuntamiento de Orihuela.
El empresario alicantino acudirá esta mañana a declarar a los juzgados de Orihuela, como el presidente de la Diputación de Alicante, el popular Enrique Ripoll, después de haber sido detenido durante unas horas por la Policía Nacional para prestar declaración con motivo de la operación anticorrupción. Ayer mismo, declaró estar “tranquilo porque su empresa sigue una línea de legalidad y honradez” después de que su casa, las oficinas de su empresa y el majestuoso yate que tiene fondeado en el puerto de Alicante fueran objeto de registro.
Antes de este episodio, Enrique Ortiz ya se vio implicado en otro gran caso de corrupción que afecta al PP. El empresario alicantino aparece en el sumario del 'caso Gürtel' por su presunta relación con una supuesta trama de financiación irregular del PP valenciano. Según las pesquisas policiales, Ortiz se hacía cargo, junto a otros empresarios locales, todos grandes adjudicatarios de obra pública de la Generalitat , de parte de la deuda en 'negro' que el partido mantenía con empresas de Francisco Correa por actos electorales.
Más allá de la dimensión que determinen los juzgados por la Operación Brugal
Su compromiso con la ciudad tuvo una contraparte relevante. Ortiz ha conseguido sacar adelante el mayor desarrollo urbanístico de la capital alicantina, el controvertido Plan Rabasa, un plan que contempla la construcción de 13.500 viviendas y la promoción de más de cuatro millones de metros cuadrados, el más importante en la historia de la ciudad, así como otros tres de gran relevancia como son el Pau 1(a espaldas de San Blas), el Pau 3 (entre Vistahermosa y la Albufereta ), y el APA 9 (entre Vistahermosa y Juan XXIII).
Este mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia levantó la suspensión cautelar que existía sobre la ejecución del Plan Rabasa, que supone el desbloqueo definitivo de la actuación urbanística, cuya tramitación ha estado envuelta en un gran oscurantismo, según ha denunciado la oposición municipal de Alicante, y ha sido calificada como “una burla a los intereses colectivos de la ciudad”. Una situación similar a la que el empresario vivió en Ibiza, cuando de la mano de FCC participó en la construcción de dos autovías en la isla.
De manera paralela al mundo de la construcción y de la promoción inmobiliaria, Ortiz ha ido extendiendo los intereses de su corporación a otros servicios concesionales, tanto de la Diputación como de ayuntamientos de la provincia, tales como la recogida de basuras, los servicios de limpieza en centros públicos o la gestión de aparcamientos, entre otras actividades. El mismo modelo que siguen otros constructores en sus regiones de origen hasta dar el salto a espacios de proyección pública como el futbol o los medios de comunicación.
