 | - La primera obligación de cualquier gobierno es rentabilizar sus inversiones y recursos al servicio de la sociedad sin apriorismos ideológicos y con el único criterio de la mejor eficiencia y menor coste. No existe confrontación entre lo público y lo privado a la hora de alcanzar estas finalidades. Y cuando se produce confrontación- siempre artificial e ideologizada- es porque siguen perviviendo, en el ámbito de la izquierda, apriorismos prehistóricos que ninguna izquierda medianamente civilizada y culta practica. O lo que es peor, utilizar lo “público” en contra de lo “privado” para solapar una voluntad de control y conformación de la sociedad. No es, en este sentido, una casualidad, que todos lo regímenes socialistas y comunistas se hayan caracterizado por una omnipresencia del Estado en todos los ámbitos sociales y económicos.
- El PP, en su nueva etapa de gobierno autonómico en casi todas las instituciones, tiene la oportunidad y la obligación de rescatar la sensatez y la racionalidad en las inversiones productivas que acometa. Por razones de estricta obsolescencia ideológica, el Govern del señorAntich primó la escuela pública y puteó todo lo posible la escuela privada, cuando resulta que los colegios concertados cuestan, a la Administración, la mitad de lo que le cuestan los colegios públicos. Este despilfarro económico resulta más hiriente si tenemos en cuenta que, en general y de forma abrumadora, el nivel de la calidad de la enseñanza privada es muy superior al de la enseñanza pública, que las preferencias de los padres se decantan por la escuela privada y que este despilfarro de los dineros públicos sólo puede explicarse en función de que tiene un colocadero de afines en la enseñanza pública y de que, de esta forma, puede conformar la educación y la conciencia de los niños y jóvenes de acuerdo con sus concepciones ideológicas y catalanistas. En el fondo, son las mismas razones que exhibe la izquierda para oponerse a la libre elección de la lengua vehicular y a la libre elección del centro educativo.
- En la sanidad ocurre lo mismo, sólo que, casi de tapadillo y como quien no quiere la cosa, un totalitario como el ex conseller de Sanidad socialista se ha visto obligado a concertar con la sanidad privada para atender las necesidades asistenciales de la sociedad. Tal vez sea pedir peras al olmo, pero el nuevo Govern tiene la oportunidad de poner todo el sistema sanitario- el público y el privado- al servicio de la salud de los ciudadanos. No estoy hablando de simple y puntual colaboración, sino de un auténtico Plan Sanitario- que sería pionero en España- a elaborar por la Administración y los magníficos hospitales privados que tenemos, plan que permitiría racionalizar el panorama asistencial, evitar absurdas y antieconómicas dupli y triplicidades, especializar los centros, elevar el nivel investigador e introducir la sana competencia entre todos los centros integrantes de esta nueva concepción de la sanidad. Al menos, a nivel teórico, no estaría de más que se investigara sobre el particular.
- En resumen, no hay confrontación ni incompatibilidad entre lo público y lo privado, sino amplias posibilidades de colaboración atendiendo a la eficiencia económica- el coste de las prestaciones- y a la eficacia asistencial. En educación y en sanidad.
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