Los acreedores y la UE censuran el rumbo de la economía española, pero ni el Gobierno ni los principales partidos se atreven a sentar las bases que pongan orden en el despilfarro autonómico · Los dos últimos gobiernos de Baleares han duplicado la deuda y han pactado con la corrupción por igual · Ni PP ni PSOE tienen valor para acometer los cambios estructurales que necesita España · UPyD pedirá la devolución al Estado de competencias en materia educativa, sanitaria y urbanística, entre otras
Palma, 20 de enero de 2011
Para UPyD, los grandes partidos han interiorizado una visión fragmentada y parcial de la grave situación económica e institucional española. Los acreedores y la UE censuran el rumbo de la economía española, pero ni el Gobierno ni los principales partidos se atreven a sentar las bases que pongan orden en el despilfarro autonómico. El uso partidista de las instituciones y las ambiciones de sus respectivas baronías les impiden anteponer una visión de conjunto que afronte los verdaderos problemas de fondo. En consecuencia, atenazados por el miedo al coste electoral que tendría abrir el debate del desbarajuste competencial, han renunciado al liderazgo imprescindible en momentos difíciles. Se niegan a reducir el gasto público devolviendo las competencias que gestionan pésimamente.
UPyD no pretende desvestir un santo para vestir otro: no se trata de adelgazar una administración para engordar otra, sino de infundir en las instituciones criterios de eficiencia y racionalidad presupuestaria. El peor enemigo del Estado del Bienestar es el descontrol en el gasto, pues lo hace inviable tarde o temprano. No es pues solamente cuestión de justicia y cohesión social, sino de pervivencia del Estado del Bienestar. Los resultados demuestran que es hora de cuestionarse el principio religioso según el cual las administraciones cercanas y menores son sistemáticamente mejores. La extensa lista de casos de corrupción de Baleares demuestra que los partidos políticos se han valido del solapamiento de las distintas Administraciones, de los servicios públicos, así como de la creación de fundaciones, consorcios y empresas, por intereses contrarios a los de los ciudadanos.
NI el PP ni el PSOE tienen valor para acometer cambios estructurales. Mientras Francesc Antich renuncia a la política, José Ramón Bauzá espera rentabilizar la ineficacia e incompetencia del segundo Pacto -más bien silenciosamente, puesto que el PP colaboró en el derroche pero tuvo la suerte de que no le estallara la criris entre las manos- y ambos anuncian que pactarán con UM si lo necesitan para alcanzar el poder, UPyD propondrá a los ciudadanos de Baleares las siguientes medidas en las próximas elecciones autonómicas y municipales:
1. El Estado debe tener en exclusiva las competencias en órganos constitucionales, derechos fundamentales, unidad de mercado, representación internacional, defensa, justicia, legislación procesal, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, gestión del territorio, seguridad social y función pública.
2. Es necesario reordenar el sistema competencial vigente en materia urbanística que recae casi exclusivamente en CCAA y ayuntamientos y propicia la dispersión del régimen del suelo en 17 sistemas distintos, con gran confusión normativa. No se trata de implantar un "urbanismo a distancia" ajeno a las circunstancias del territorio, sino de garantizar un mercado del suelo y una gestión mínimamente homogéneos.