- Hay que seguir con atención esta denuncia interpuesta por el matrimonio británico Hoare contra Carrau porque introduce dos nuevos e interesantes supuestos que se suman a las ya conocidas denuncias, por parte del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, contra los fiscales Horrach, Carrau y Salazar y contra el juez Castro por presuntos fraudes a la Hacienda Pública y falsedad documental. Lo novedoso en este caso son tres hechos: primero, que se denuncian la filtraciones de secretos del sumario con grave perjuicio económico para el matrimonio inglés; segundo, que para resarcirse por los graves daños y perjuicios que les han ocasionado estas filtraciones, han interpuesto “recurso” contencioso- administrativo ante la Audiencia Nacional reclamando al Estado una indemnización de 160 millones de euros; y, tercero, está el caso de Diario de Mallorca en una doble proyección: como cooperador necesario para la comisión de un presunto comportamiento delictuoso y como autor de una grave falsedad al afirmar por parte de los Hoare la aceptación de unos acuerdos con el Fiscal que, por lo visto y según afirma La Gaceta, no se produjo.
- Lo de la filtración del secreto sumarial por parte de unos fiscales o un juez está gravemente sancionado por el Código Penal en su reforma de 1995 con penas de cárcel que pueden llegar a los tres años. La gravedad de estas penas apunta claramente a evitar los “juicios paralelos”, muy especialmente por parte de quienes son los custodios- los jueces instructores y los fiscales- de los sumarios incoados. En Baleares, la violación de este secreto con finalidades de “juicios paralelos” y de satanizar a los justiciables focalizados ha sido uno de los mayores escándalos y uno de los más perversos atentados a todos los principios y garantías que informan el sistema penal español. Las escenificaciones de registros, de detenciones, de asaltos, amén, de las filtraciones de las primeras comparecencias de imputados o imputables han sido la moneda corriente por estos pagos. Es la primera vez que se focalizan penalmente por parte de unos perjudicados la comisión de un presunto delito por parte de un fiscal.
- La reclamación de 160 millones de euros por los daños y perjuicios causados por parte de estas filtraciones es, asimismo, algo, no sé si inédito, pero si, por lo menos, inusual en nuestro país. Este asunto puede acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con- pienso- sentencia favorable al matrimonio inglés. Y que sentará jurisprudencia vinculante para los tribunales españoles A mi me sorprende que la justa indemnización reclamada no lo sea “en cascada”, es decir, en primer lugar, al fiscal o juez que causa el perjuicio y, subsidiariamente, al Estado. El comportamiento claramente injusto- incluso al margen del desenlace de proceso en fase de instrucción- es clamoroso y los que han perpetrado esta injusticia deben responder por ello como respondemos de nuestros actos el resto de los ciudadanos. ¿En cuánto cabe evaluar el daño al honor y a la fama cuando por televisión y a través de prensa escrita y agencias de noticias se ha propagado urbi et orbi, a millones de personas, que estos Hoare son unos delincuentes infectos, dignos del rechazo social, estafadores peligrosos, sujetos no fiables?
- Por último, está el caso de Diario de Mallorca y su condición de cooperador necesario, público y notorio, de fiscales y jueces afines para la comisión, en definitiva, de lo que no es sino un delito. El agente cooperador es un periodista que se llama Armendáriz que piensa que está amparado por el “secreto profesional”, un insulto a lo que es y significa el secreto profesional para el periodista. No hay ahí investigación, ni fuentes a proteger que justifiquen la invocación del secreto profesional. No, ahí sólo hay transmisión perruna y fiel de lo que les transmiten para la perpetración de un delito, que delito es la vulneración del secreto del sumario. Lo que ejecuta Armendáriz es el perfeccionamiento de este delito que se consuma con la publicación del juicio paralelo. Esto nada tienen que ver con el periodismo de investigación como el que practicó, por ejemplo y de forma admirable, el mismo Diario de Mallorca con el “caso de los aviones de la CIA”. Peor aún: los Hoare acusan a Diario de Mallorca de dar una información falsa sobre un supuesto pacto con la Fiscalía. No es la primera vez que ocurre: hace apenas unos días este mismo periodista falseó el acta que recogía la declaración presencial de un imputado en el caso Palma Arena, afirmando que “Matas había amenazado” al imputado si no cumplía sus designios: en ningún momento el acta de la declaración afirmaba nada parecido. Todavía se espera su retractación palinódica.
