El Consejo de Ministros celebrado el 1 de diciembre de 2000 acordó indultar a Luis Velasco Ortiz a propuesta del entonces ministro de Interior, Ángel Acebes. De dicho Consejo formaba parte como ministro de Medio Ambiente el ex presidente del Govern balear Jaume Matas.
El gobierno de José María Aznar indultó a Velasco  de los dos años, cuatro meses y un día a que fue condenado por un  delito continuado de falsedad en documento privado en concurso con un  delito continuado de estafa. También se le indultó de la condena de  cuatro meses de arresto mayor y 100.000 pesetas de multa como autor de  un delito de usurpación de identidad.
Luis Velasco Ortiz, ex empleado del productor de televisión José Luis Moreno, acusó ante el juez José Castro –instructor del llamado caso Palma Arena- a Moreno de sobornar con 250.000€ a Jaume Matas con  el propósito de obtener supuestas adjudicaciones de programas y montaje  de decorados para la televisión pública de las Illes Balears –IB3- en  los años en que Matas era presidente del Govern en su segundo mandato, del 2003 al 2007.
Velasco fue contratado por Moreno  para que fuera sus ojos y oídos en Mallorca y controlar los programas  que IB3 adjudicó a las empresas del ventrílocuo y productor televisivo.  El juez Castro investiga, en una pieza separada del caso Palma Arena (cuya finalidad es determinar un supuesto enriquecimiento ilícito de Matas), si son ciertas las afirmaciones de Velasco quien aseguró en sede judicial que vio a Matas recoger un sobre con 250.000€ entregado por el propio José Luis Moreno durante la gala inaugural de la televisión autonómica celebrada en septiembre de 2005 en el casino de Mallorca.
El pasado 30 de marzo, en el auto por el que decretaba el ingreso en prisión de Matas  eludible previo pago de una fianza de tres millones de euros, el juez  Castro consideró que no existía ningún indicio objetivo que determinara  el pago del soborno tal y como aseguraba Velasco, “pero  tan cierto como esto es también que las irregularidades denunciadas  relativas a la adjudicación de programas tienen visos de ser ciertas”,  argumentó el magistrado.
