No es la primera vez que el doctor en filología y doctor en Ciencias Políticas Abert Branchadell, autor de varias obras de referencia, pone a caldo al estrambótico sociolingüista y político ibicenco, Barnat Joan i Marí, secretario de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Desde este cargo político más que técnico, el ibicenco ya ha demostrado la grosería de sus proyectos mostrencos y radicalizados, que sufren un rechazo generalizado en la sociedad catalana
ALBERT Branchadell*
En los últimos tiempos se ha puesto de moda apelar al multilingüismo de Catalunya, especialmente entre los más reacios a asumir previamente su carácter bilingüe. En Catalunya se hablan 300 lenguas es un eslogan que se ha hecho popular, pero que no describe bien la realidad lingüística existente. Según los datos de la encuesta citada, la mayor parte del pastel lingüístico se lo reparten solo dos lenguas. El 90% de los catalanes tiene el castellano, el catalán o ambas lenguas como lengua inicial (léase materna). Más del 92% tiene el castellano, el catalán o ambas lenguas como lengua propia. Y más del 93% tiene el castellano, el catalán o ambas lenguas como lengua habitual. De las otras 298 lenguas solo un puñado es visible en la encuesta, y entre ellas solo despunta el árabe, que es la lengua de 2 de cada 100 catalanes.
En este marco de bilingüismo consolidado y multilingüismo emergente, la otra cosa que ha puesto de relieve la encuesta es que el castellano es la lengua mayoritaria de Catalunya. Como lengua inicial le saca 23 puntos al catalán (55 a 32); como lengua propia, le saca 9 puntos (46 a 37), y como lengua habitual, 10 (46 a 36). De modo resumido, podríamos decir que el catalán mantiene sus efectivos en términos absolutos, pero ha perdido peso relativo, por la «agregación» (en términos del sociolingüista Albert Fabà) de castellanohablantes de origen suramericano al grupo de castellanohablantes autóctonos.
Por otra parte, cabe destacar cómo la diferencia de 23 puntos en la lengua inicial queda reducida a 9 o 10 en las otras dimensiones. Esto se debe al hecho de que una parte importante de personas de lengua inicial castellana considera que su lengua es el catalán (o el catalán y el castellano). Y, directamente conectado con esto, tenemos el hecho de que en Catalunya se habla más en catalán con los hijos que con los padres o los abuelos, justo al revés de lo que sucede en los procesos de extinción de lenguas.
Hasta aquí los datos. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Uno diría que los datos de la encuesta alejan la posibilidad de «hacer de la lengua catalana la lengua pública habitual, normal, común de nuestra sociedad» que evocaba en este mismo periódico Bernat Joan, secretario de Política Lingüística de la Generalitat. Pero las últimas declaraciones de Joan no van precisamente por ahí. En una entrevista reciente, para cambiar las «dinámicas existentes», Joan se mostró partidario de una nueva ley de política lingüística «más ambiciosa y más amplia», con el objetivo de «conseguir que el catalán sea cada vez más lengua habitual de los ciudadanos de este país». Apelando a la legislación como método para cambiar la realidad, Joan incurre en un afán muy español, cuya última manifestación es la ley de educación de Catalunya (LEC). Este afán consiste en creer que una ley puede llegar a suplantar la realidad. (Es por esto que las leyes salen luego tan largas; compárense los 205 artículos y 44 disposiciones varias de la ley de educación con los 49 artículos de la ley homónima de Finlandia).
Pero lo cierto es que Joan fue un poco más allá de la reforma legislativa y sostuvo que la independencia de Catalunya es «imprescindible» para que el catalán sea viable. Joan considera que la independencia es más «fácil» que la instauración de un modelo lingüístico igualitario en España. Pero aunque la independencia fuera cosa hecha, no es evidente que permitiera alcanzar el sueño de «hacer de la lengua catalana le lengua pública habitual, normal, común de nuestra sociedad». A Bernat Joan le irían muy bien unas vacaciones en Ucrania. Dieciocho años después de la independencia, ninguna medida legislativa, ni siquiera la oficialidad exclusiva del ucraniano, ha logrado hacer del ucraniano «la lengua pública habitual, normal, común» de la sociedad ucraniana.
Poniendo piadosamente la independencia entre paréntesis, lo que ahora mismo le conviene a Catalunya no es la nueva ley de política lingüística que postula Joan, sino una nueva política lingüística algo más enraizada en la realidad. O acaso unos nuevos políticos lingüísticos, que en lugar de fantasear con lenguas comunes tengan mayor capacidad política para hacer realidad los (razonables) objetivos lingüísticos del tripartito. La verdad es que si uno relee el documento programático Entesa Nacional pel Progrés no ve claro en qué hemos avanzado en los últimos tres años: ¿se ha desplegado el Estatut por lo que respecta a las políticas lingüísticas? ¿Se garantiza «que todo el mundo pueda ejercer su derecho a utilizar el catalán en toda situación»?
¿Tenemos una ley de lenguas española que incorpore las lenguas diferentes del castellano en los símbolos del Estado y reconozca su uso en las instituciones del Estado? ¿El catalán ya es una lengua europea «a todos los efectos»? ¿Hemos avanzado en el campo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y en el sector audiovisual como elemento divulgador del catalán? En definitiva, ¿dónde están los «hechos, no palabras» que prometió José Montilla?
* Profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.
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