POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Trampas desde el poder
La Policía destapa más comisiones del diputado Vicens
El ex consejero balear de Territorio también cobró de una promotora con facturas falsas
ESTEBAN URREIZTIETA. EDUARDO COLOM/Palma
El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional acaba de revelar al juez que instruye el caso Son Oms que el diputado balear Bartomeu Vicens también facturó asesorías urbanísticas a promotores radicados en Mallorca mientras ocupaba el puesto de consejero de Ordenación del Territorio del Consell Insular. Asimismo, señala que las facturas que expidió tienen todos los visos de haber sido falseadas por el propio 
Vicens para camuflar que llevó a cabo esos trabajos mientras era la máxima autoridad urbanística de la isla y la ley se lo impedía.
La Policía Judicial ha logrado ya acreditar la existencia de, al menos, una empresa a la que el histórico líder de Unió Mallorquina (UM) facturó trabajos durante sus últimos meses como consejero de Territorio. Se llama Bestin Management, está radicada en Palma y Vicens cobró de ella, mediante un solo pago, 20.880 euros por los servicios prestados.
Para percibir estos honorarios, Vicens remitió al dueño de Bestin Management a su empresa tapadera Metalumba, tal y como hizo para cobrar las comisiones del 15% por la recalificación del polígono industrial de Son Oms.
En esta sociedad figura como administradora una amiga personal de Vicens, Elisabeth Diéguez, a la que pidió el favor de que se hiciera cargo de la misma para intentar no dejar rastro de su vinculación con los cobros. Los verdaderos accionistas de Metalumba son, sin embargo, tanto el diputado Vicens como su mujer, Antonia Martorell.
Las asesorías urbanísticas constituyen el enésimo negocio irregular que Vicens compaginó con su cargo de consejero de Territorio. Tal y como desveló EL MUNDO, quien fuera mano derecha de la ahora presidenta del Parlament balear, Maria Antonia Munar, en la institución insular, facturó comisiones por vender locales y oficinas a contratistas del Consell de Mallorca en nombre de otra promotora mallorquina: Vipasima. En total, 91.274 euros. Una empresa que, además, gratificó al consejero con una de las oficinas que éste comercializaba y que le dejó a precio de ganga.
Asimismo, siendo alto cargo público Vicens recuperó buena parte de las comisiones que había pactado en la década de los 90 por lograr que su partido recalificase el polígono industrial de Son Oms, situado junto al aeropuerto palmesano de Son Sant Joan. Lo hizo de nuevo a través de Metalumba, de manos de su testaferro Jaime Montis y por un importe cercano al millón de euros.
Montis realizó pagos millonarios a su esposa bajo el concepto falso de «trabajos de mecanografía», por los que llegó a percibir de manera independiente hasta 600.000 euros.
Pero es que Vicens también simultaneó su puesto de consejero con la tenencia de varias promotoras inmobiliarias. Una de ellas, Nova Singladura, junto al consejero de Turismo, Miquel Nadal, realizaba numerosas inversiones que ha ocultado al juez instructor del caso Son Oms, Juan Antonio Capó, que le mantiene en libertad bajo fianza de 100.000 euros y le ha impuesto un embargo sobre sus bienes en concepto de responsabilidad civil que supera los ocho millones de euros.
A pesar de estar imputado por un sinfín de delitos, como los de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o fraude fiscal, nunca ha sido detenido, a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso Palma Arena. Sólo ha sido llamado a declarar seis veces en apenas un año. Eso sí, en calidad de imputado.
El socio de Antich, 'juez y parte' > Bartomeu Vicens, el diputado sobre el que se sostiene el 'Govern' de Antich y sin el cual no puede sacar adelante sus proyectos, se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros por cobrar comisiones del 15% a cambio de recalificar un polígono industrial.
> En el marco de las investigaciones del denominado 'caso Son Oms', la Policía ha descubierto que, además, compaginó su puesto de consejero de Territorio de Unió Mallorquina (UM) con el de 'asesor urbanístico' de promotoras a las que inspeccionaba y otorgaba licencias. Expedía las facturas con la empresa de un testaferro y la Policía concluye que falseaba su contenido.
