Un decreto del Govern balear excluye a los hispanoparlantes de la sanidad y es noticia que desde hace meses desafía la caducidad. La referencia modelo de decreto excluyente de funcionarios es la ‘Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums’ de 7/04/1933 que excluía judíos y desafectos al régimen nazi. El daño que hacen esos decretos va más allá del perjuicio a los servicios públicos: introducen una división injusta en la sociedad al separar a los ciudadanos en categorías. Los que argumentan a favor hablan de respeto a los que hablan catalán. Pero el respeto parece olvidado por ambas partes y se usa como arma arrojadiza. El argumento de la vergüenza de deber cambiar de lengua para que te entiendan en tu tierra implica que esta tierra es tuya y el otro un inquilino. El de la abuelita a quien no entiende el profesional hispano, no demuestra que se dé ese caso en una profesión que se dedica a entender no ya la lengua sino necesidades del paciente que él mismo ignora: protestan por esta causa activistas de la lengua, no abuelitas. Dicen que el catalán es la lengua de las islas: pero no de muchos isleños que trabajan y viven en ellas y se entienden sin problemas en más de un idioma.
Hay falaces apoyos al decreto: que era una concesión graciosa no exigir el catalán en sanidad. Fue la realidad quien obligó a no exigirlo so pena de paralizar la asistencia y dejar expuestas de paso las flaquezas de la inmersión lingüística. Hay anacronismos: que Franco tiene la culpa, cuando muchos no lo conocieron o vienen de América, Polonia, o Asia; y de los que lo conocieron hubo antifranquistas que ahora son antiinmersión. Dicen que la ley se hizo por unanimidad: pues que se cambie, que esa ley desune y enfrenta a los ciudadanos y representa a sólo una parte; los defensores de esa ley no quieren ver su contradicción: en una legislación preñada por el positivismo no son de recibo leyes fundamentalistas. Uno llama «doctrina Matutes» a la oposición al decreto para descalificarla identificándola con corrupción, macroproyectos y dinero, pero no sólo mezcla churras con merinas: revela el terror de algunos partidos a quedarse sin un Matutes al que disparar. Aducen que afecta sólo a la sanidad pública, pero el objetivo es la inmersión total y ahí están ya los expedientes sancionadores de las consellerías «por vulnerar los derechos lingüísticos de los consumidores» que exigen «que la rotulación debe estar redactada al menos en catalán» en comercios privados. Dicen que todo es una estrategia del PP. No, el PP se ha subido a este autobús en marcha y aún no ha dicho hasta qué parada sigue.
Hay evidencias. El catalán no se impone per se y tras años de exigencia escolar y apoyo político y económico, necesita calzador. La reacción en contra no es menor ni organizada sino mayoritaria, espontánea y cabreada. La encuesta del Diario es la única cuantificación de la voluntad popular hasta hoy: 70 a 30. La imposición se ve como innecesaria, malgasto, atentado a la libertad y desaire a la realidad social. Partidos minoritarios controlan la educación, predican su ideología en la escuela y boicotean la acción del Govern si es contraria a sus intereses, como el examen de catalán para 300 candidatos que frustraron en Sa Colomina. Nuestros dirigentes han provocado que donde había entendimiento haya enemistad. Ibiza es hoy multicultural, se entiende en varias lenguas de modo natural y quien sobra no son algunos ciudadanos sino algunos políticos.
