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| Biel Caldentey, del STEI |
Un sindicato de profesores que promueve el absentismo escolar entre los alumnos. El último delirio del STEI ha ido demasiado lejos. Su ofensiva contra la implantación del trilingüismo en las aulas el próximo curso 2013/14 pretende implicar a los menores de edad para que no se presenten a clase si las asignaturas se imparten en inglés.
El sindicato ha ido más allá pidiendo a los padres que se declaren insumisos al nuevo decreto integrado de lenguas en un documento que él mismo repartirá entre las familias. Considera que el aprendizaje del inglés no puede realizarse a costa de reducir las horas de catalán y que la enseñanza de materias en «un idioma que el alumno no domina» puede hacerle fracasar en sus objetivos. Paradójicamente, su alternativa condena a los estudiantes a suspender al no podérseles evaluar.
El sindicato se resiste al fin de la inmersión lingüística y ve con reticencias el nuevo decreto porque obliga a los docentes a acreditar un nivel B2 de inglés para impartir las clases. Aunque la Conselleria de Educación ha dado un margen de tiempo para ello, defiende que no se les ha formado para este fin. Apela al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos aunque, paralelamente, rechaza este argumento en el caso de la libre elección de lengua a fin de seguir imponiendo el catalán.
Hace años, criticó al Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) por plantear el derecho a la objeción de conciencia para la asignatura de Educación para la Ciudadanía (ExC). «Entendemos que el camino de la objeción no es un cauce para rechazar una asignatura cuyo plan de estudios ha sido elaborado, debatido y aprobado siguiendo todos los trámites legales», declaró en 2007. «En 2013 les sirven los mismos argumentos que criticaban en 2007 y proponen la objeción a una asignatura por el hecho de estar impartida en inglés», critica el delegado de IPFB, Agustín Buades.
«El STEI engaña a los padres con la objeción al inglés y lo sabe»,denuncia Buades, que recuerda que los tribunales dictaminaron que la objeción no puede estar por encima del derecho a la educación. «Aplaudió esta sentencia en su momento y sabe que la justicia no lo respaldará pero utiliza a los padres como arma política y reivindicativa partidista». Por esto, IPFB pide a las asociaciones de madres y padres y a todas las familias que «no se presten a dicho juego y se eviten el calvario que padecimos los que en su día quisimos objetar».
