Ribó hace suyos los argumentos de Mas y acusa al Gobierno de imponer un ataque al “corazón del sistema de derechos sociales” fijando un límite de déficit del 0,7% del PIB. El ex dirigente comunista, en cambio, no critica el derroche de la Generalidad en proyectos identitarios.
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| El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entrega a la presidenta del Parlamento autonómico, Núria de Gispert, su informe anual sobre 2012 (foto: paralment.cat). |
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, sigue haciendo oídos sordos a los padres que piden una educación bilingüe para sus hijos en base a las múltiples sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que así lo avalan.
En el último informe anual, relativo al año 2012 y remitido hace tres semanas al Parlamento autonómico, no hay ninguna referencia al cerca de un millar de progenitores que han solicitado a la Consejería de Enseñanza que sus hijos reciban las clases en las dos lenguas oficiales de Cataluña, pese a que sigue sin atendérseles dicho derecho.
De esta forma, para Ribó, ex presidente de Iniciativa per Catalunya y ex secretario general del PSUC, el incumplimiento de las sentencias sobre bilingüismo escolar por parte de la Administración autonómica no es significativo.
La posición del Síndic no es nueva. En realidad, siempre se ha manifestado como un firme defensor del sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en
catalán, al igual que hace la formación que dirigió durante muchos años. Además, su adjunto general es Jordi Sánchez, uno de los principales dirigentes de La Crida, la conocida organización radical independentista que operó durante los años 80.
Un solo caso de discriminación lingüística hacia los castellanohablantes
Ribó sí ha considerado, en cambio, destacable en su informe la ‘falta de atención por parte de un policía nacional a un usuario de los servicios aeroportuarios’, que conoció ‘a raíz de la noticia aparecida en los medios sobre la denuncia de un ciudadano al que se había retenido 20 minutos el DNI y que había sido menospreciado por haberse negado a cambiar del catalán o del inglés al castellano al dirigirse a un policía nacional’.
Esta queja ha sido la única cuestión en el ámbito lingüístico durante todo el año 2012 que le ha llevado a abrir una actuación de oficio ‘para investigar los hechos’.
También ha apuntado la existencia de casos de discriminación lingüística hacia los catalanohablantes en el ámbito de la justicia, llegando a pedir explicaciones sobre un secretario judicial de un juzgado que había enviado una citación en castellano para una comparecencia judicial, pese a que el afectado había solicitado que se dirigiesen en catalán.
Según el informe, el presidente [del TSJC] informó al Síndic que el secretario judicial requerido para informar sobre los hechos había mostrado un inexcusable desconocimiento de la normativa aplicable y un evidente menosprecio por la lengua catalana y manifestó que había puesto los hechos en conocimiento de la Secretaría de la Sala de Gobierno del TSJC por si se desprendiese algún tipo de responsabilidad disciplinaria‘.
El Síndic solo ha detectado un caso discriminación lingüística hacia los castellanohablantes por parte de la Generalidad: algunas páginas webs de la Administración autonómica no tienen todos los contenidos disponibles en español.
Al igual que en el informe sobre 2011, en el de este año tampoco aparece la advertencia de que la ley establece que la rotulación de las señales de tráfico debe estar en las dos lenguas oficiales, algo que sí recogió en el dossier relativo a 2010, pese a que esta normativa se sigue incumpliendo en la inmensa mayoría de los municipios de Cataluña, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Barcelona retira las multas a quien las recurre por este motivo.
Acusa al Gobierno de atacar “el corazón del sistema de derechos sociales”
Durante la presentación del informe, Ribó -que ocupa el cargo desde 2004 y que en febrero de 2010, con el apoyo de CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC, su mandato fue prorrogado por nueve años más, cuando contará con 74 años de edad- no dudó en hacer suyos los argumentos del presidente de la Generalidad, Artur Mas, y de sus socio, Oriol Junqueras, y cargar contra el Gobierno por considerarle culpable de los recortes sociales que se están aplicando en Cataluña:
“Querría advertir, con toda la solemnidad y seriedad del momento, de que el corazón del sistema de derechos sociales se verá irremediablemente afectado si el Gobierno central impone el déficit público del 0,7% del PIB a la Generalidad. Puede tocar aspectos muy, muy importantes de los derechos sociales reconocidos constitucionalmente, estatutariamente y también en tratados internacionales suscritos”.
Sin embargo, en toda su intervención, no ha habido ni una sola crítica al dinero gastado por parte de la Administración autonómica en construcción nacional o en subvenciones identitarias de todo tipo.
Como es habitual, Ribó no se ha olvidado de lanzar una pulla a la delegada del Gobierno en Cataluña. “No ha habido ni una sola administración que obstaculizase la labor del Síndic, aunque es el tercer año en que he de afirmar que hay una sola excepción: la Delegación del Gobierno de España en Cataluña”, ha subrayado.
Lejos queda ya el escándalo que el ex dirigente comunista protagonizó en junio pasado al descubrirse su pasión por los viajes a cargo del erario público -más de 50 por todo el globo terráqueo, solo en los dos años anteriores-, una situación de la que pudo salir indemne gracias al respaldo incondicional que recibió del Gobierno autonómico.
La Voz de Barcelona
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