Ese modelo de inmersión que, según dicen los nacionalistas, tan bien funciona y ha producido en Cataluña una armonía y cohesión sociales envidiables, no se aplica en ningún lugar del mundo porque es un modelo que expulsa del sistema educativo la enseñanza de la lengua común de todos el país y, por tanto, atenta contra la igualdad de derechos.
Así que no es un buen modelo. Es malo. Es verdad que ha resultado muy útil para los proyectos y los sueños nacionalistas, que ya se han visto cuáles son. Pero resulta que es ahí, en ese modelo excluyente, en el que se ha enseñado a los niños que Cataluña fue durante siglos una nación independiente posteriormente invadida y sometida por España; que la guerra civil fue
una guerra de España contra Cataluña; que los catalanes siempre fueron antifranquistas y, ya más modernamente, que «España nos roba». Vaya un modelo.
una guerra de España contra Cataluña; que los catalanes siempre fueron antifranquistas y, ya más modernamente, que «España nos roba». Vaya un modelo.
Y es mentira, además, que la modesta pretensión gubernamental de que el castellano sea incluido en la escuela en condiciones de «razonable proporcionalidad» con el catalán suponga dinamitar el sistema, como dicen ellos. Sólo supone intentar evitar la expulsión de hecho del castellano que se practica en las escuelas catalanas. Hace siete años que el propio Artur Mas lo explicó crudamente en un foro celebrado en la sede de EL MUNDO: «Que monten un colegio privado en castellano para el que lo quiera pagar, igual que se montó uno en japonés en su momento». Es esta filosofía, la suya, la que abofetea el espíritu constitucional. No la de quien pretende abrir un discreto hueco a la lengua de todos.
En Cataluña, el castellano no tiene ningún problema en la calle. Eso es un hecho. Pero es precisamente eso lo que a los nacionalistas les preocupa y lo que pretenden modificar. Resulta, por lo demás, asombroso que el portavoz Homs acuse al Gobierno de intentar una reforma encubierta de la Constitución. Primero, porque, en esta misma línea, el Supremo ha dictado varias sentencias ordenando a las autoridades catalanas el cumplimiento de la ley, cosa que se han negado a hacer porque ni tribunales ni Constitución pararán su camino hacia la libertad. De momento se lo han parado las urnas, pero parece que también se van a hacer los sordos ante eso.
Y, segundo, porque lo que realmente supuso un intento de vaciamiento constitucional encubierto fue el Estatuto aprobado en el Parlamento catalán en 2005, que rompió amarras con la Carta Magna y su espíritu político sin que los líderes de CiU – que iban de segundones, intentando ponerse a la altura de las ocurrencias de Maragall- se sintieran mínimamente escandalizados por la gravedad de la operación. Carecen de toda autoridad política para esgrimir ahora un argumento como ése.
