El actual gobierno de Cataluña ha dejado claro que quiere aportar menos dinero a la caja común del Estado y recibir más. El presidente de la Generalitat y los partidos que lo respaldan se cuidan mucho de admitir que también Madrid entrega a la arcas estatales más de lo que recibe, y, sobre todo, que Balears es, desde que comenzó hace tres décadas la estructura autonómica, la Comunidad que acumula un mayor desfase entre lo que da y lo que le devuelven a cambio. Los catalanes han decidido presentarse como los paladines del expolio estatal y reactivar la vía secesionista, una bomba incontrolable con el país abierto en canal por la crisis. Su demanda solo encaja en una estrategia política muy discutible, porque no hay una sola razón objetiva para que Cataluña reciba más dinero por habitante que Balears, ya que el desequilibrio de nuestra balanza fiscal es mucho mayor. Nuestra Comunidad ha llegado a aportar un 16% más de lo que recibe, lo que supone que el Estado recauda 2.200 millones más al año de los que retornan posteriormente. Cataluña jamás superó el 8% de desfase, siendo esta una cifra elevada porque, por ejemplo, ninguna región alemana facilita más de un 4% por encima de lo percibido, como también ocurre en Suiza, EE UU o Australia.
Los dirigentes catalanes deberían desvelar con franqueza sus verdaderas intenciones, abandonando los eufemismos. ¿Qué persiguen, más dinero para Cataluña o separarse de España? Si tienen fijado en el horizonte desgajar la nación, huelga el debate. Ninguna concesión aplacará los ánimos, augurando un posible final traumático. Si usan la
tensión independentista como un chantaje para sacar tajada, han llegado muy lejos en su irresponsabilidad. Promulgar la rebelión, comprometerse a llevar adelante sus deseos, legales o no, supone una invitación al conflicto.
Los catalanes que reclaman su soberanía al grito de «España nos roba» deberían preguntarse antes qué dinero pagó los Juegos Olímpicos, su AVE o las bonificaciones a muchas empresas multinacionales para que mantengan su producción en Cataluña y no caigan en la tentación de las deslocalizaciones. Son los mismos fondos con los que el País Vasco hace frente a los 800 millones de euros de desfase que hay entre lo que sus trabajadores aportan a la Seguridad Social y lo que sus jubilados reciben. Los mismos con los que Andalucía evita la indigencia a miles de ciudadanos con el PER. Los mismos con los que Galicia acabó a la vez dos autopistas gratuitas con Madrid y está a punto de tener dos líneas de AVE, unas inversiones descomunales que ni de lejos llegaron ni llegarán a Balears. Reina tal desconcierto que hay que insistir en obviedades: tributan los individuos, no los territorios, y la redistribución de rentas funciona como principio elemental de un país moderno.
Si quienes más aportan no quieren contribuir a la redistribución de la riqueza de todos, cualquier fórmula de convivencia en común resulta inviable. La clase dirigente catalana ha apostado de forma radical por un victimismo que puede darles réditos a corto plazo pero tener consecuencias muy serias en el futuro. No hay el menor atisbo de autocrítica y solo se intenta ocultar la ineficacia en la gestión. Reclamar feudo propio suena a involución cuando ningún territorio es independiente en Europa porque estamos en la UE y en un mundo global. Mientras España derriba muros, o cede poder económico y hasta la moneda, en Cataluña se apuesta por los idearios que siempre buscan un enemigo exterior para tapar los errores propios inadmisibles. Mas sólo piensa en defender lo suyo y lo injusto no es que Cataluña perciba menos fondos que Euskadi, sino mantener un trato de favor escandaloso como el que vascos y navarros gozan por un régimen foral anclado en prebendas del carlismo y en la extorsión terrorista ,y consagrado por la Transición.
La independencia es un negocio ruinoso y presentarla como la solución a los males económicos, una falacia. Los expertos aseguran que el coste superaría a las ventajas y esta realidad también deben ir explicándola los nacionalistas para que nadie se llame a engaño. El desarrollo no llega del reparto de fondos, sino de la capacidad de promover la prosperidad. Así sucedió en la separación de Chequia y Eslovaquia, exigida por los checos, boyantes, y con la que progresaron los eslovacos, más pobres. O en Baviera, lander rural y mísero alemán al final de la guerra y hoy el de mayor pujanza, que recibió durante cuarenta años ayuda de sus 16 hermanos y desde 1992 los sostiene. Pero invirtió en industrias punteras, no en embajadas o televisiones. Con políticas equivocadas, una comunidad nunca avanzará por mucho que mejore su hacienda. Ochocientos mil parados, dispendios absurdos, las arcas en quiebra, hospitales y escuelas mermados: la fuente de los problemas de Cataluña no está en España sino en sus líderes.
Lo que no tendría sentido alguno es que el viraje radical de Cataluña, su obsesión protagonista en la reforma de la financiación, tenga consecuencias negativas para otras autonomías, entre ellas Balears. Si se acaba cediendo a las pretensiones fiscales de los catalanes, el dinero que reciban tendrá que salir de los actuales y menguantes recursos. No hay que ser un experto para concluir que se obtendrá en territorios entre los que puede estar el nuestro, justo cuando hemos mejorado un desequilibrio fiscal tan continuado y brutal que la Comunidad acumula en quince años de competencias transferidas una deuda histórica de 35.000 millones, a 2.200 millones aportados de más por año.
En el debate sobre el modelo de financiación debemos participar todos, y al presidente Bauzá le corresponde dejar muy claro que Balears no aceptará ni un paso atrás en un camino que supuso una histórica y justa mejora en la balanza fiscal de nuestra comunidad.
Editorial Diario de Ibiza
