EUROPA PRESS La Agencia Tributaria, en colaboración con Policía Nacional, Inspección de Trabajo y la fiscalía anticorrupción, informó hoy que la trama de fraude fiscal desarticulada en Ibiza y vinculada a "una importante cadena de hoteles" (Playa Sol) con establecimientos en Ibiza, Mallorca y Praga utilizaba más de 300 sociedades diferentes, que cambiaban constantemente de domicilio, para no ingresar las cuotas al Impuesto de Sociedades ni al IVA.
Según concretó el Ministerio de Economía y Hacienda en un comunicado, el grupo adquirió en los últimos diez años cuarenta establecimientos hoteleros con un valor de mercado de cerca de mil millones y el posible fraude a Hacienda superaría los 14 millones de euros.
El principal responsable del fraude es el administrador del grupo Playa Sol, Fernando Ferré, contra quien el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza dictó ayer auto de prisión provisional sin fianza, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
A Ferré se le imputan los presuntos delitos de fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social y delito contra los derechos de los trabajadores por haber sometido a sus empleados a condiciones laborales ilegales.
El fraude se realizó dentro de "un importante conglomerado hotelero" que gestiona más de 70 hoteles en Ibiza, Mallorca y Praga, que explota más de 10.000 camas, precisó la nota.
Este grupo tenía un volumen de negocios, según los touroperadores, cercano a los 36 millones de euros anuales. Sin embargo, no ingresó cuota alguna correspondiente al Impuesto de Sociedades ni al IVA.
Para eludir la tributación usaban más de 300 sociedades diferentes, a las que cambiaban constantemente el domicilio, dificultando adjudicar el beneficio empresarial a cualquier sociedad. Hacienda calcula que las cuotas defraudadas superarían los 7.500.000 para el Impuesto de Sociedades y 7.000.000 para el IVA.
Paralelamente a la explotación de los hoteles, entre 2001 y 2010 el grupo de sociedades adquirió 40 hoteles con un valor de mercado cercano a los mil millones de euros. Para esta adquisición se constituyó un alto número de sociedades participadas por otras sociedades andorranas, que aportaron elevadas sumas de divisas para la financiación, dándose así un posible delito de blanqueo de capitales o autoblanqueo.
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