La Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria han puesto fin a las andanzas del empresario Fernando Ferré Cardó, que en los últimos veinte años logró formar el mayor grupo hotelero de Eivissa comprando vorazmente hoteles obsoletos o cuyos propietarios ya no tenían interés en explotar. En muchos de ellos hizo reformas para modernizar sus instalaciones, pero en todos implantó los métodos que han caracterizado su gestión empresarial: fraudes a Hacienda y a la Seguridad Social, explotación de los empleados, vulneración sistemática de la normativa turística y laboral y engaños a los clientes. Y todo ello manejando ingentes cantidades de dinero negro cuya verdadera procedencia tratan de desentrañar ahora los investigadores.
Muchas de las prácticas de Ferré eran conocidas desde siempre. Este mismo periódico ha publicado abundantes informaciones al respecto, las administraciones implicadas han incoado decenas de expedientes a sus empresas por toda clase de irregularidades, muchos de sus hoteles han sido sancionados con cuantiosas multas y órdenes de clausura, los sindicatos han denunciado sus abusos y él mismo ha sido condenado a prisión por su actividad delictiva. Pero mientras tanto exhibía una tesorería aparentemente inagotable y seguía comprando hoteles. Así hasta controlar el veinte por ciento de las plazas de la isla agrupadas en un conglomerado de establecimientos grandes en tamaño, por la cantidad de camas que gestiona y el número de trabajadores que emplea, pero sin ninguna solidez empresarial. Tenía los pies de barro y la caja sucia. Posiblemente fuera sólo una enorme máquina de blanqueo y poco más.
El Grupo Playa Sol pudo cobrar dimensión gracias a la prolongada pasividad de las autoridades ante sus flagrantes excesos, por el silencio interesado y vergonzante del resto de los hoteleros (que ahora hacen leña del árbol caído pero que antes soportaron su competencia desleal para no indisponerse con el único que compraba sus viejos establecimientos si en algún momento querían venderlos) y también por la escasa combatividad de los sindicatos frente a un empresario delincuente que pisoteaba como ningún otro los derechos de los trabajadores hasta llegar a límites cuasi esclavistas. Cuanto más crecía GPS, más daño infligía a la imagen de Eivissa con su oferta barata y sus servicios de baja calidad, y más amenazaba la estabilidad del sector turístico ibicenco.
Todo el mundo daba por seguro que Ferré acabaría estrellándose antes o después y se temían las consecuencias del colapso. Ahora estamos ya en ese escenario y la salida no será fácil, por mucho voluntarismo que quiera poner el flamante administrador judicial, hombre de confianza de Ferré hasta hace sólo unos días y conocedor –¿encubridor?– por tanto de muchas de sus ilegalidades.
Ajustarse escrupulosamente a la legalidad disparará los costes fiscales, laborales y financieros del grupo, que se verá obligado a subir precios y perderá su única baza de competitividad. Cualquier plan de viabilidad solvente necesitará abundante financiación, pero su tesorería ya no podrá nutrirse de fondos opacos al fisco, de forma que el nuevo gestor tendrá que recurrir al crédito bancario, encontrar inversores dispuestos a aportar capital, plantear la venta de activos o una combinación de todas estas opciones.
Las instituciones ibicencas y baleares están obligadas a seguir muy atentamente los pasos que dé ahora la empresa porque hay mucho en juego; si pone en marcha una gestión rigurosa, harán bien en apuntalarla para evitar un desplome que pudiera dejar en la calle a 1.600 trabajadores y sin alojamiento a miles de turistas con sus vacaciones ya contratadas, y si se constata su inviabilidad, tendrán que emplearse a fondo para minimizar sus desastrosas consecuencias.
Joan Serra
Diario de Ibiza
