La noticia sobre la última campaña del Ayuntamiento de Vila para impulsar el uso del catalán provoca 121 comentarios en la edición digital de Diario de Ibiza, un récord testigo del malestar social y la úlcera que la política lingüística ha abierto donde hubo antes libertad y salud.
La herida abierta es innegable, aunque la ignoren políticos que la han creado ex profeso o la dejaron abrirse irresponsablemente. Las partes manifiestan ya actitudes irreconciliables y ofensivas, del «murciano vete a tu tierra» al «volverás a comer algarrobas».
El miedo natural de cualquier población a verse diluida en un mar de inmigrantes lo envenenan algunos políticos en su provecho. El benévolo objetivo de evitar la desaparición de una cultura en retroceso lo han reconvertido en la imposición de su interpretación de esa cultura a toda la sociedad, que es plural hoy por el libre movimiento de personas, no por culpa de Franco como dice algún simple. Hubo llegada masiva de forasteros, que se quedaron y dejaron de serlo, imprescindibles para el desarrollo de Ibiza, bien acogidos por la población autóctona y que ahora son ibicencos como el que más: pretender que se les considere «de fuera» es un intento de exclusión social propio del racismo.
Lo del bilingüismo se utilizó para embaucar a una sociedad ibicenca plural que cree en la libertad de uso de cualquiera de las dos lenguas. Pero el bilingüismo ha sido el caballo de Troya que usaron nuestros políticos para introducir en Ibiza el uso exclusivo del catalán: no pudiendo por convicción, lo hacen por imposición.
La política lingüística real ha desembocado en lo que ERC, y otros grupos o grupúsculos nacionalistas, quieren y declararon desde el primer momento; el PSOE la siguió porque su único modo de acceder al poder es la alianza con esos grupos y la cesión de la enseñanza y el control de los papeles de la Administración (normalización le llaman) a los mismos; el PP la toleró por complejo cultural (¿o concesión consciente, inconfesable ante muchos de sus votantes?). La reacción cabreada de muchos hispanoparlantes era de esperar, y el principal impulsor y beneficiario de esa política, ERC y sus adláteres, la han previsto. Y las contramedidas.
Si se encuentran con el PP en el poder, zancadillean los tímidos intentos de ese partido de suavizar la política lingüística, como sucedió con el boicot a los exámenes de catalán de 300 personas en Sa Colomina. Cuando manda el PSOE y la reacción viene de la calle, como la expresada repetidamente en este Diario, montan un congresito en el Consell que clame al cielo y justifique nuevas medidas administrativas que refuercen la imposición del catalán, en defensa de catalanoparlantes supuestamente maltratados.
Ni PP ni PSOE tienen en cuenta que tratar a toda la sociedad como objetivo de las leyes de inmersión lingüística tiñe de un burdo totalitarismo la política. Ellos son los que consienten el papel de Gran Hermano que disfrutan ERC y los suyos.
Es falso el argumento lastimero de que no entienden al que habla catalán en su tierra: esta tierra no es suya, es de todos, de todos el derecho a expresarnos en nuestra lengua materna, también de los payeses, y lo que persiguen es que la calle y la Administración usen sólo el catalán. Lo prueban los documentos oficiales cada día más exclusivos en catalán; leyes que obligan a escribir carteles y anuncios de la empresa privada en catalán; señales públicas exclusivamente en catalán; continuas campañas de ayuntamientos y Consell para impulsar el uso exclusivo del catalán, y la conciencia creciente de que nos vigila el Gran Hermano. En catalán.
