Viernes , 08-01-10
EL empeño del tripartito catalán en coaccionar al Tribunal Constitucional ha protagonizado las primeras declaraciones políticas de sus máximos representantes en el año nuevo, certificando así que la estrategia preventiva de deslegitimación del orden constitucional es la prioridad de la coalición social-nacionalista catalana. El coste de esta contumaz y desleal actitud de desafío al Estado va a ser, a este paso, la implantación de un régimen en Cataluña, dominado por el dogmatismo nacionalista y la sacralización de un estatuto convertido en excusa para mantener el victimismo contra el resto de España. Así es como el presidente Montilla no ha tenido reparo en dirigirse por carta a dos centenares de instituciones catalanas para agradecerles el apoyo al editorial conjunto que publicaron varios medios de comunicación para presionar al TC. La imagen que transmite esta iniciativa de Montilla desvela un panorama de subordinación de la sociedad civil a los dictados políticos, anulando la autonomía que toda sociedad democrática debe tener para mantener su capacidad crítica y su propia identidad frente a los poderes públicos. La confusión entre ideología y sociedad es el primer paso para la instauración de un auténtico régimen monopolístico.
Por eso, el problema de fondo de Cataluña es consigo misma, no con el resto de España, porque la dominación que ejerce sobre ella la clase política es patológica. La defensa del estatuto frente al TC es la coartada de esta enfermedad, como ayer expuso crudamente, sin quererlo, el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, quien apostó por replantear las relaciones entre Cataluña y España, sea cual sea el fallo del TC, porque la Transición no ha funcionado. Esta descalificación del pacto constitucional es la base de la actitud desleal de la alianza que gobierna Cataluña, más allá de lo que, en efecto, diga el TC sobre el estatuto. Por tanto, con estatuto o sin él, el problema seguirá vivo, pero agravado porque en su origen inmediato se sitúa la irresponsable decisión de Rodríguez Zapatero de inocular en el ordenamiento jurídico el virus de la cosoberanía, la relativización de la Nación española y la deslegitimación del pacto constituyente. Pretendiendo impostadamente -porque lo buscado era un mero reparto de poder- que Cataluña se sintiera «cómoda» en España, Zapatero ha conseguido que la crisis territorial sea más aguda que nunca desde 1978.
