la obligatoriedad de saber catalán agrava la situación
PALMA.- El déficit de médicos especialistas en Baleares es un mal endémico o está a punto de serlo, según afirma el secretario general del Sindicato Médico de Baleares, Isidro Torres, quien mantiene que a los problemas que genera la insularidad hay que unir “la política llevada a cabo por el Govern balear en temas como la obligatoriedad del catalán”.
Torres deja claro que las Islas no son atractivas para los profesionales, algo que también sucede en Canarias, pero si a eso “le sumamos el decreto de catalán, la jubilación forzosa a los 65 años y la renuencia a publicar la OPE para los médicos, nos encontramos que el problema es todavía mucho más grave en Baleares, porque las trabas son mayores”.
Torres insiste en que la política del Govern desincentiva a unos especialistas que ya de por sí no tienen demasiados incentivos, puesto que hay aspectos como “la lejanía, el mayor nivel de vida, peores condiciones laborales que en otras comunidades autónomas o la doble insularidad que soportan los médicos de Ibiza y Menorca, que pesan mucho a la hora de optar por ejercer en Baleares, no digamos ya si a eso le unimos la obligatoriedad de saber catalán”.
DÉFICIT EN EL SISTEMA PÚBLICO
En las Islas ejercen actualmente 4,1 facultativos por cada 1.000 habitantes, un porcentaje superior a la media nacional cifrada en 3,8. Ahora bien, tal y como ha resaltado el portavoz del Sindicato Médico, este porcentaje “obedece a la fuerza del sistema sanitario privado balear, por lo que, aunque en conjunto parezca que estamos mucho mejor que otras comunidades autónomas, lo cierto es que las carencias se dan en el sistema público, donde faltan especialistas en Anestesiología, Medicina de Familia, Radiología, y Oncología, fundamentalmente”.
Mientras tanto, la situación también puede hacerse extensiva al colectivo de Enfermería, donde el SATSE ya ha denunciado que el hecho de que el Ib-Salut haya decidido unilateralmente no abrir la bolsa de trabajo del Hospital Son Dureta, como viene siendo habitual desde hace tiempo, obedece al deseo de “ocultar las graves consecuencias que se derivarían de la aplicación del decreto de catalán” por el que se exige al personal sanitario conocer la lengua catalana, también para ser incluidos en las bolsas de trabajo.
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