Una personalidad política de Ibiza de primera línea, María Luisa Cava de Llano, quiere 180.000 euros de indemnización al dejar el cargo de Defensor del Pueblo por razones dignas de considerar. Aduce haber perdido en doce años los clientes de su antiguo despacho de abogada. Aunque a nadie escapa que los entresijos del poder en que se movió doce años le pueden compensar de sobra con abundantes clientes de tronío, ya asumió que no podía estar en misa y repicando al aceptar un puesto de gran prestigio y con segura y jugosa remuneración. Alega también que el Congreso reconoce su derecho a cobrar. Quien diga defender al Pueblo en la España del 2012 debería conocer la irritación del Pueblo hacia unos congresistas que se ponen a sí mismos el sueldo que quieren, se adjudican mil compensaciones no se sabe a cuento de qué, no pagan impuestos de lo que cobran y se conceden pensiones de lujo por trabajar (es un decir) cuatro días. El Defensor debería defender al Pueblo del abuso de esos diputados, no defender las pagas extra que aprueban los diputados con cargo al Pueblo.
El Pueblo ya espera que el Congreso, por la cuenta que le trae, guste gratificar a sus pares, pero que le
digan que es de ley al Pueblo empieza a tocarle las narices. La larga permanencia en los cargos les produce tal lejanía al Pueblo que acaban hablándole como si trataran con párvulos: «Es lógico que haya una indemnización, si no nadie se dedicaría a esto». Pues en Lógica esto se llama non sequitur: de la premisa no se sigue la conclusión más que en el deseo de la defensora.
El cargo de Defensor del Pueblo conlleva pagos intangibles, como la red de conocimientos y contactos, el prestigio inherente y la experiencia acumulada, que quisieran para sí muchos abogados mejor que una lotería. Aun sin indemnizar, para el puesto habría cola de gente capacitada. Y ya en el exceso argumental que la traiciona, Cava de Llano invoca que de su cargo se sale sin cobrar el paro, y así faculta a responderle que al Pueblo le saldría mucho más barato pagarle el paro máximo el resto de su vida, por larga que se la deseemos. Parangonar 180.000 euros con el paro revela supina ignorancia sobre qué cobra del paro el Pueblo.
Falta entre tanto argumento referencia alguna a la vocación de servir al Pueblo para defenderlo de abusos, teórico fin y justificación del cargo. El Pueblo es hoy un clamor contra el abuso de políticos que con el pretexto de servirlo se engordan a sí mismos, su interés, su retiro, su despacho y sus clientes. El escándalo de la frustrada indemnización del juez Dívar no les disuade de meter la mano en el erario para despedirse. La connivencia de políticos y banqueros que se indemnizan desvergonzadamente, sin enterarse de la crisis en que vive el Pueblo al que empobrecen, les hace indignos del Pueblo al que han llevado a concluir que tiene que defenderse de sus defensores.
Diario de Ibiza
