La crisis que padece España no es sólo económica, sino política e institucional.
UPyD defiende una profunda reforma de la Administración autonómica porque cree que sólo así se puede salvar el Estado del Bienestar.
Uno de los ejes básicos de UPyD es la reducción drástica del gasto público para que los gastos de la comunidad se ajusten en lo posible a sus ingresos sin tener que recurrir al endeudamiento crónico, como está sucediendo en los últimos seis años.
Esto solo será posible mediante una profunda reforma de la Administración y cambiando los usos y costumbres de los partidos políticos.
UPyD contempla en su programa electoral multitud de medidas contra el derroche, entre las que destacamos las siguientes.
1. Eliminar los consells insulares.
2. Privatizar en dos años la radio y televisión de Mallorca, y en cuatro la radio y televisión de IB3.
3. Reconvertir el sector público empresarial autonómico hasta dejar el centenar largo de organismos públicos actualmente existentes (fundaciones, consorcios, empresas públicas, institutos, sociedades) a sólo diez.
4. Incorporar criterios empresariales para gestionar dichos organismos públicos:
a) personal: la contratación del personal se realizará por procedimientos públicos de igualdad de méritos y capacidad, con transparencia en las percepciones salariales y por otros conceptos. Hay que combatir el amiguismo, el clientelismo y el nepotismo.
b) directivos: se nombrarán gerentes de empresas públicas a profesionales, no políticos electos, que se responsabilicen del equilibrio presupuestario de las mismas y de la calidad de productos o servicios ofrecidos.
c) eficiencia y responsabilidad: se aplicarán las mismas normas de transparencia económica y acceso a la información que al resto de la administración.
d) salvo los organismos puramente asistenciales, los fondos a cargo de los presupuestos públicos no superarán el 30% de su presupuesto ordinario.
5. Limitar el nombramiento de asesores a un número concreto por departamento, en relación a su tamaño y funciones a desempeñar.
6. Prohibir los cargos de libre designación por debajo del Director General, debiendo ser todos los niveles inferiores funcionarios de carrera. Siempre que sea posible, preferir los funcionarios de carrera a los asesores y los cargos de libre designación.
7. Limitar las retribuciones de los altos cargos de libre designación asimilándolas al nivel retributivo de los funcionarios públicos que realicen funciones semejantes. Ocupar un cargo público no consolidará ningún nivel de la administración, ni complemento.
8. Suprimir las campañas de publicidad institucional.
9. Condicionar las subvenciones a aquellas asociaciones que demuestren autonomía financiera. La suma de las ayudas públicas no superará nunca el 50% de su presupuesto ordinario.
10. Racionalizar el número de cursos de formación sufragados por la Administración que imparten los sindicatos y las PYMES. UPyD propugna quedarse sólo con los de mayor rendimiento en términos de asistencia, formación y búsqueda de empleo. Lo mismo para los cursos que imparten los centros de profesores, quedándose sólo con aquellos que actualicen los conocimientos de los profesores para su labor docente.
