Los 24 tomos de la auditoría han acreditado y documentado numerosas irregularidades en la tramitación de los proyectos y en las obras realizadas. Francamente escandalosas unas, preocupantes otras y sospechosas muchas. El Govern ha obrado correctamente al enviar el trabajo de los auditores a la abogacía de la Comunitat para que diga si aprecia o no materia delictiva en ellas; su obligación es examinar los hechos con rigor y responsabilidad, sin precipitarse ni dejarse llevar por la demagogia o el oportunismo partidista. Es natural que el Govern quiera un aval jurídico solvente para deslindar la simple mala gestión de las infracciones administrativas o de los posibles ilícitos penales. Tiempo habrá de actuar en consecuencia.
En el PP, en cambio, la consigna parece ser no amilanarse, sacar pecho e incluso tratar de que el desaguisado salpique también a los actuales responsables progresistas del Govern. Es una estrategia, muy equivocada a mi juicio, pero completamente legítima. En todo caso, no deberían olvidar que fue precisamente la arrogancia y la soberbia en el asunto de las autovías lo que les hizo perder los papeles, el sentido de la proporción, la noción de la realidad y en último término las elecciones.
Más valdría que el PP encajara la auditoría con prudencia y humildad, que se presentara como el primer interesado en aclarar definitivamente cualquier reparo que pueda planear sobre los dos proyectos viarios y que lo hiciera sinceramente si quiere que su renovación resulte creíble.
Embarcarse en una defensa numantina de ambas obras para no tener que poner en tela de juicio la (mala) gestión que hicieron de ellas, por acción u omisión, entraña el riesgo de verse arrastrados por las evidencias y por lo que pueda aparecer aún tras el cúmulo de despropósitos que ha desvelado el minucioso rastreo de los auditores. Poner la falta de reparos de la Intervención del Govern o de la Sindicatura de Comptes como prueba de que la tramitación y ejecución de las autovías se hizo correctamente es un argumento pueril que juega a la confusión, pues la supervisión de ambos órganos es a menudo muy superficial, basada en un simple control de los procedimientos administrativos que da por buenos documentos y certificaciones sin verificar la corrección de cada uno de ellos. De hecho, muchos expedientes que encubrían grandes casos de corrupción de la época de Matas también habían superado con éxito la fiscalización de la Intervención del Govern y la Sindicatura de Comptes.
Ni la vergonzosa factura de las máquinas quitanieves, ni la injustificable falta de drenajes para canalizar el caudal de pluviales de la autovía del aeropuerto, ni el escándalo de la tierra depositada en un futuro campo de golf contraviniendo el proyecto, ni el impago del 1% cultural, ni la falta de justificación para construir un carísimo túnel en Sant Rafel llamaron la atención de los órganos fiscalizadores de entonces y son, en cambio, evidencias incontestables de lo rematadamente mal que se hicieron las cosas.
Joan Serra, director del Diario de Ibiza
