La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha acordado asumir las competencias para instruir el 'Caso Scala', en el que se investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (Cdeib). El tribunal ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, encargado del sumario, que le remita la compleja causa sobre la supuesta trama de corrupción urdida en torno a la empresa pública durante la pasada legislatura debido a que uno de los principales imputados, Josep Juan Cardona, es diputado autonómico y, por lo tanto, disfruta de la condición de aforado.
Así lo decidió la Sala en respuesta a la extensa exposición razonada que el pasado 10 de diciembre elevó la titular del juzgado instructor, Piedad Marín, para pedir que el Alto Tribunal asumiera las investigaciones. En dicho documento, la jueza apuntaba su convencimiento sobre la existencia de «numerosos datos incriminatorios» contra Cardona, entonces conseller balear d'Industria y actual diputado del PP.
El político ibicenco está imputado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.
Ánimo de lucro
En la exposición que la jueza trasladó a la máxima instancia judicial de las Islas apoya sus razonamientos en que, durante la pasada legislatura, el entonces conseller Cardona, el ex-director general de Promoció Industrial, Kurt Viaene, y la ex-gerente del Cdeib, Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público «puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro».
La magistrada postula que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente «sin observancia alguna de las normas del procedimiento» a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación, así como a personas allegadas a las que pagaban una comisión.
En el relato de los hechos que se atribuyen a Cardona, la jueza afirma que el ex conseller ordenó a Viaene y al coordinador de ferias del Consorcio, Antonio Munar, a que organizasen con cargo a los fondos de esta empresa el transporte de unos 6.000 kilos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en las Pitiüses, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló.
La jueza instructora apuntó en su exposición que considera que Cardona desarrolló un papel «dominante» en el funcionamiento del Cdeib, «no sólo por su posición jerárquica, sino por su protagonismo en decisiones administrativas decisivas de la contratación como en las de dotación económica de este organismo».
La magistrada apuntó que sus acusaciones contra Cardona se basaban, en buena medida, en las declaraciones de Ordinas y de Felipe Ferré, socio de algunas de las empresas adjudicatarias de contratos presuntamente irregulares.
Europa Press
