Ni la crisis económica ni el aumento del paro –que convirtió a Baleares en la comunidad con el mayor incremento de desempleo registrado el pasado mes– han frenado la obsesión catalanista del Ejecutivo presidido por el socialista Françesc Antich. Durante los últimos meses, la alcaldesa de Mallorca, Aina Calvo (PSOE), ha destinado más de 100.000 euros para cambiar los nombres de 126 calles de la capital al catalán y eliminar el callejero anterior, escrito en castellano y mallorquín.
«Es el mayor despropósito cultural que ha hecho el Consistorio, propio del nacionalismo catalanista al que estamos acostumbrados», denuncian desde la asociación Círculo Balear. Por su parte, la concejala de Cultura de Palma, Nanda Ramón, justificó el cambio de nomenclatura porque «es intolerable que después de 30 años aún queden nombres en castellano», y aseguró que «la forma oficial de las calles de la ciudad tiene que ser en catalán estándar».
«Imperialismo catalanista»
Sin embargo, la factura de la «catalanización» que está llevando a cabo el Ejecutivo balear –que también se ha extendido a los nombres de algunos municipios de Menorca e Ibiza– incluye más de siete millones de euros en «políticas lingüísticas» y casi dos millones y medio en subvenciones para la «Obra Cultural Balear», una entidad que, según las asociaciones que defienden el bilingüismo, «colabora con grupos violentos como Maulets». «Mientras la gente cierra comercios y no puede llegar a fin de mes, el Gobierno se ha gastado más de diez millones sólo para imponer el catalán en Baleares. Es algo ridículo que está acabando con nuestra identidad cultural e histórica», denuncia Jorge Campos, presidente del Círculo Balear.
Y es que el pasado 30 de mayo cerca de 20.000 ciudadanos se manifestaron en Palma para protestar contra la «neodictadura» que «quiere imponer el imperialismo catalanista» en el archipiélago. «No estamos en contra de Cataluña. Lo que no queremos es que se nos imponga desde fuera un idioma que no es el nuestro», asegura Juan Vanrell, presidente de s´Acadèmi de sa Llengo Balèá. Una opinión que comparten buena parte de los vecinos del archipiélago. «Los que hablamos castellano estamos marginados. No podemos matricular a nuestros hijos en colegios públicos que den las clases en castellano porque, sencillamente, no existen», asegura un vecino de Mallorca.
Sin embargo, el acoso que sufre la lengua oficial no sólo se reduce al ámbito educativo. El pasado mes de septiembre, «Mercat Nou» fue el nombre con el que se bautizó al que había sido durante más de dos décadas la principal lonja de abastos de Ibiza, el Mercado Nuevo. Bajo el actual rótulo también se escribió su traducción al inglés, pero ni rastro de la nomenclatura en castellano de la lonja más importante de la ciudad.
Las Plataforma Constitucional y Autonomista, formada por 150 entidades de defensa de la libertad lingüística, ya ha anunciado que realizará manifestaciones en Valencia, Aragón, Cataluña y Baleares y llevará a cabo todas las acciones necesarias para «luchar contra la imposición de los Países Catalanes».
La Razón
