RESULTA inaceptable a estas alturas la pretensión de que un «código ético» pactado a toda prisa pueda encauzar la situación política en Baleares. Frances Antich hace gala de su oportunismo habitual para manejar una coalición rota en pedazos, cuyo único vínculo consiste en el reparto del poder al servicio de intereses partidistas. Por eso, crece la indignación de los ciudadanos ante determinadas maniobras que ya no engañan a nadie. Demuestra una falta de respeto a las instituciones y a los votantes establecer ahora que los políticos imputados deben dimitir o presentar como una novedad algunas medidas que suponen la simple aplicación del Código Penal. La actitud de partidos como Unió Mallorquina resulta difícilmente compatible con la sociedad democrática «avanzada» a la que hace referencia el preámbulo de la Constitución. En efecto, se trata de grupos minoritarios que se hacen fuertes a base de planteamientos caciquiles y ponen sus votos a disposición del mejor postor a cambio de cuotas de poder. Así, la falta de transparencia y la concepción de los cargos públicos como un reparto del botín son fiel reflejo de una forma de hacer política que desprestigia a la democracia y causa un grave daño a la legitimidad del sistema.
Los socialistas baleares siguen jugando al «todo vale» con tal de sumar unas mayorías precarias que les permitan ocupar el poder a costa del interés general. La coalición bajo mínimos de partidos heterogéneos supone un lastre para la comunidad, el Consejo Insular y el ayuntamiento de Palma, por mucho que Antich asegure que busca la estabilidad y prometa una limpieza en la que nadie cree. Aunque cuenta con un determinado número de votos vinculados a su posición institucional, Unió Mallorquina funciona en realidad como un grupo de presión y de influencias, y no como un verdadero partido político. Las cosas iban mal en Baleares, y es probable que todavía vayan peor después del espectáculo de los últimos días, culminado con las promesas de regeneración de Antich en las que nadie confía. En estas circunstancias, se impone una respuesta eficaz a las exigencias de los ciudadanos frente a una corrupción galopante que, por supuesto, no se puede detener a base de retórica sin contenido o de falsos «códigos éticos».
