UNA DE LAS peores consecuencias de la política lingüística catalana es la delación. Una persona cuya identidad se desconoce denunció al propietario de una ferretería de Sant Boi de Llobregat por rotular su escaparate en castellano. El dueño del establecimiento se llama Andrés Mora. Emigró a Cataluña hace casi 40 años y desde los años 80 posee ese negocio. Ha recibido un oficio de la Agencia de Consumo de la Generalitat en la que le advierte que será sancionado si en el plazo de dos meses no rotula en catalán, tal y como le obliga la ley. Mora se queja del gasto que va a tener que afrontar, pero está dispuesto a cumplir lo que se le exige, aunque no entiende que se le pueda sancionar por algo que lleva haciendo 25 años. Otros muchos empresarios y comerciantes han recibido advertencias similares de la Generalitat, que está decidida a erradicar el castellano de las aulas, la Administración y todos los espacios públicos. Y ello mediante métodos inquisitoriales que amparan las denuncias anónimas.
El Mundo
